MADRID 15 Abr. (OTR/PRESS) -
Los amigos de Baltasar Garzón estaban y están crecidos ante la muy verosímil posibilidad de acabar con su carrera. Solo faltaba que sus amigos no pudieran hacer todo lo que esté en su mano para impedirlo. Es la primera razón del acto de adhesión al controvertido juez de la Audiencia Nacional celebrado el martes en la Universidad Complutense. En dicho acto el ex Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, se despachó a gusto sobre la estirpe profesional y política de ciertos magistrados del Tribunal Supremo. En la biografía de éstos no aparecen, sino todo lo contrario, testimonios de repulsa al régimen franquista que, como es bien sabido, encontró también en la alta magistratura de la Nación una palanca más para convertirse en una dictadura tan longeva.
Recordar la connivencia de dichos magistrados con el Franquismo que Garzón ha querido sentar en el banquillo le ha costado al señor Jiménez Villarejo un chaparrón de descalificaciones. Tampoco se han librado de las críticas más agrias los artistas, intelectuales, sindicalistas, etc., que participaron en el acto de la Complutense. De forma especialmente dura ha sido asimismo criticado el rector de la Universidad, Carlos Berzosa, el patrocinador, por entenderse que una institución pública no debería haberse significado tanto en lo que se supone es un intolerable intento de presionar al Tribunal Supremo, que está a punto de juzgar por prevaricación al juez Garzón.
De entrada no deberíamos ver en este gesto de arropamiento masivo al juez el propósito de torcer el brazo del alto tribunal, sino el ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación, reconocidas como derechos fundamentales en la Constitución Española. En todo caso, si lo reprobable, como una mala práctica social y política, fuese tratar de condicionar la voluntad de los magistrados del Tribunal Supremo, tan nocivo es criticarles como jalearles, por llevar al banquillo a Baltasar Garzón. Y nadie podrá negar que también hay mucha gente haciéndole la ola al alto tribunal por haber tramitado nada menos que tres querellas por prevaricación contra este juez de la Audiencia Nacional desde que éste se empeñó en abanderar la dignificación de la memoria antifranquista y el reproche judicial a la parte del PP implicada en un clamoroso caso de corrupción.
¿Es malo relacionar la cacería política, mediática y judicial de Baltasar Garzón con su celo profesional contra el Franquismo y la corrupción en el principal partido de la derecha española? Puede ser. Pero no más ni menos malo que relacionar el ejercicio de la libertad de expresión con el intento de presionar al Tribunal Supremo. Como si el ruido exterior pudiera influir en la voluntad de los magistrados. ¿O sí que influye? En ese caso, las presiones de un lado se compensarían con los aplausos entusiastas del otro.