MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
Aún sabiendo que el disimulo no es más que un género de la política, es llamativo que un mes y medio después de haber acordado entre el PSC y ERC un pacto que, según los separatistas que lo han firmado, concederá a la Generalidad la potestad para recaudar todos los impuestos que se pagan en Cataluña -un cupo como el del País Vasco- ni Pedro Sánchez, ni María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, hayan explicado en qué consiste lo acordado y sí lo que ha trascendido se ajusta a la versión que dan los separatistas.
Parecería impropio del juego político adulto que se supone característico de las democracias consolidadas, pero semejante anomalía está en el centro del debate porque a Sánchez no le conviene rebelar el contenido del pacto -no lo hizo ni ante los suyos en la reciente reunión del Comité Federal del partido. ¿A qué se debe semejante renuencia, impropia ya digo de un sistema como el democrático que debería caracterizarse por la transparencia en los asuntos públicos? La respuesta hay que buscarla en la oposición que ha suscitado semejante pacto -que rompe con el principio de solidaridad interterritorial- en el resto de comunidades autónomas incluida alguna, como es el caso de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE.
Como escenificaron días atrás todas las comunidades en manos del PP, que contando Ceuta y Melilla suman 12- han puesto pie en pared denunciando un pacto que a la luz de lo que conocemos se sale del marco constitucional. Y al igual que han hecho con la Ley de Amnistía están preparando recursos ante el Tribunal Constitucional. La forma de hacer política de Pedro Sánchez es disruptiva, busca dividir enfrentando a unos con otros, pero en este asunto parece que ha pinchado en hueso. Ningún socialista extremeño, murciano o castellano leonés le va a comprar el relato de que va a ser inferior a un catalán en función de la supuesta singularidad catalana. Se le está agotando el tiempo del disimulo.
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