Francisco Muro de Iscar.- La política como una pesadilla

MADRID 16 Ene. (OTR/PRESS) -

La política como una pesadilla Vivimos en la incertidumbre y en la desconfianza y la política debería ser el instrumento para dar confianza, seguridad jurídica y estabilidad a los ciudadanos, a los inversores, a las empresas y a los empresarios, porque sin ellos nada puede prosperar. La política en una democracia, entendida en un sentido amplio y no sólo en el juego de la contienda electoral, es la mejor forma, o la menos mala, quizás la única legítima, para trabajar por el bien común.

Dicho eso, ¿alguien cree que, como están las cosas en España, algún ciudadano confía en la política como elemento de solución de sus problemas? La política hoy, aquí, es un ejercicio de respuestas parciales, precarias y sectarias a los problemas y eso lleva al distanciamiento y al desinterés ciudadano. El Ejecutivo gobierna sometido a unos socios que lo sostienen para aprovecharse de su debilidad y de su manifiesta inestabilidad. No se rompe porque los socios saben que para ellos esa debilidad es su mayor fortaleza y que, gracias a eso, los delincuentes políticos son indultados o amnistiados.

El Legislativo no existe porque el debate parlamentario se ha sustituido por pactos extraparlamentarios y no existe el control de la oposición al Gobierno, sustituido intencionadamente por una bronca estéril. Y la independencia del poder judicial está cuestionada por las decisiones que toma el Gobierno de forma sectaria y respondiendo a intereses personales para protegerse de sus propios actos y evitar las sanciones penales que llevarían consigo. La respuesta de una sociedad, que se mueve por emociones y no por valores o por razones, está anulada por un conformismo creciente, una pasividad asumida y un desmantelamiento de las organizaciones sociales o profesionales, cuyo peso es irrelevante. Si, finalmente, se suma el intento del Gobierno por acabar con la posibilidad de la denuncia por parte de la acusación popular y minusvalorar el papel crítico e investigador de los medios de comunicación, reforzando así la actividad de una fiscalía dominada por el propio Gobierno, la calidad democrática está en riesgo de supervivencia.

Cuando la política demuestra que no es capaz de gobernar para todos los ciudadanos -como ha sucedido en Cataluña durante el mandato independentista y aún ahora, y como viene pasando en España desde la llegada al poder de Pedro Sánchez, agudizada en los dos últimos años- deja de resolver los problemas reales y se inventa otros para distraer la atención y aumentar la confusión. Y esos problemas, los que de verdad importan y sirven para mejorar la vida de los ciudadanos se quedan huérfanos de respuesta.

La vivienda, por ejemplo, abandonada políticamente desde hace mucho tiempo, sin soluciones reales, sin planes construidos desde la colaboración y el diálogo con todos los implicados -comunidades, autónomas, ayuntamientos, constructores- y dando respuestas intervencionistas, precarias, parciales, demagógicas y sectarias que no funcionan. Sólo desde el consenso se puede arreglar un problema como el de la vivienda o como el de la sanidad. Y sin embargo, tenemos una ministra sin competencias y sin competencia que quiere cargarse MUFACE y llevar a un millón y medio de funcionarios a colapsar la sanidad pública -competencia de las autonomías, en su mayor parte gobernadas por el PP- y que, sin embargo, no hace nada para aumentar el número de médicos especialistas o de personal sanitario, cuya carencia hace que las comunidades autónomas y otros países se peleen para llevárselos, ofreciendo mejores condiciones económicas o laborales.

La política sectaria hace que por el afán recaudatorio -no el redistribuidor- se persiga a los autónomos y se les penalice fiscalmente, al igual que a quienes cobran el salario mínimo. Que se impongan condiciones de jornada laboral y salariales a las pymes que les abocan al cierre. Que sigamos siendo un país, con la economía yendo "como un cohete", con el récord de paro en Europa, también el juvenil, y con un sistema educativo caduco y con un nivel cada vez más bajo. O que, en fin, se acose y persiga desde el poder a los que tienen la última palabra de la legalidad: los jueces. El mal uso, o el abuso de quienes deberían prestigiarla hace que, a veces la política sea una pesadilla y no una solución a los problemas de todos.