MADRID 8 Oct. (OTR/PRESS) -
Una vez que el PP comprobó, en el Estatut de Cataluña, el éxito alcanzado en su intercesión y recursos ante el Tribunal Constitucional, cuyos magistrados aceptaron alguna de sus propuestas, y sobre todo, aplazaron durante más de cuatro años la solución al problema, el PP recurre, o amenaza con recurrir al mismo Tribunal cuando pierde en instancias previas, como las Cámaras Legislativas. Recientemente, recurría ante el TC por la reformada y renovada Ley del Aborto. Y ahora, "amenaza" con llevar al mismo TC otra cuestión de amplio debate nacional, como son los toros, en particular, después de la decisión del Parlamento de Cataluña de prohibirlos en las plazas catalanas. En efecto, como explica este jueves el diario Público, el PP pretende que las corridas de toros sigan lidiándose en el albero de la política. Derrotada ya en el Senado su propuesta de que el Gobierno declare la tauromaquia "Bien de Interés Cultural" (BIC), el portavoz del PP, Pío García-Escudero, que además es vicepresidente de la Asociación Taurina Parlamentaria, anunció su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Parlamento de Catalunya de prohibir las corridas de toros.
El pleno del Senado evidenció la soledad del PP en esta materia: todos los grupos, salvo UPN, votaron en contra de la propuesta. El portavoz del PSOE, Roberto Lertxundi, reprochó a García-Escudero que presentara esa moción con el único interés de "arañar unos votos" en las próximas elecciones en Catalunya y porque, además, era "lesiva" para las autonomías, competentes para declarar BIC los toros. El portavoz conservador, que acudió en su exposición a Miguel Hernández, Federico García-Lorca y Pablo Picasso para defender el valor cultural de la lidia, fue muy explícito a la hora de definir su concepto de maltrato animal: "Si yo fuera toro, preferiría morir en una plaza después de 20 minutos de lucha y no tras sufrir una larga agonía como en los correbous o las capeas, para después morir en la oscuridad de un matadero".
Ahora, para plantear el recurso ante el TC, el PP sólo necesita el concurso de 50 de sus 123 senadores. Diversas asociaciones protaurinas venían demandando de los conservadores este paso, pero hasta ahora el PP se había decantado por la opción de reclamar reformas legales y por servirse de sus gobiernos autonómicos para ganar espacios de protección para la lidia. La propia portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó en julio una proposición de ley para centralizar la posibilidad de prohibir los toros, de modo que sólo las Cortes Generales puedan hacer en el futuro lo que hizo Catalunya. Esta cuestión, de llegar al pleno para su debate, nunca tendría lugar antes del mes de diciembre. Los argumentos de Sáenz de Santamaría son los que recogería en su recurso ante el Constitucional el Grupo Popular en el Senado: el Estado debe garantizar para los ciudadanos el acceso a la cultura en todo el territorio español. Paralelamente, el PP tiene planteada una proposición no de ley en la Comisión de Cultura para que las potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos se atribuyan al Ministerio de Cultura. Esta opción, que reclaman las figuras del toreo, cuenta con el beneplácito de la propia ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que se comprometió a estudiar su viabilidad. Dado que el plazo para presentar el recurso de inconstitucionalidad acaba el 6 de noviembre, la industria taurina no se había quedado esperando de brazos cruzados al PP.
La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ya ha mantenido reuniones tanto con la patronal de ganaderos de toro de lidia como con el lobby taurino, la Mesa del Toro, ya que la institución que representa también está habilitada para presentar el recurso. Desde dicho lobby se muestran ilusionados por la decisión adelantada ayer por el PP: "Que el PP se atreva es muy positivo para nosotros, ya que, cuanto mayor respaldo reciba el recurso ante el Constitucional, mejor", resume su portavoz, Eduardo Martín, quien está seguro de que Cava de Llano, catalana, taurina y militante del PP hasta su llegada a la institución, llevará sus argumentos jurídicos ante el TC.
Curiosamente, nadie ha sacado a colación las subvenciones y presupuestos públicos que los toros vienen percibiendo.