A vueltas con España.- ¿Reforma fiscal o remiendos?

MADRID 7 Oct. (OTR/PRESS) -

El Gobierno dice ahora que planea un impuesto del 0,2% a la compra de acciones. Antes habló de un impuesto a la banca. También, de subir la tributación de las grandes empresas... Globos sonda, atajos en definitiva, a falta de una reforma fiscal integral, cada vez más indispensable para un país como España que es de los últimos de Europa en aproximarse a los niveles de empleo, riqueza, déficit y deuda anteriores a 2008. Si nos preguntásemos qué es lo que ha cambiado de fondo entre los buenos tiempos y la actualidad, veríamos que, básicamente, el problema está en la recaudación del Impuesto de Sociedades, que es junto con el fraude donde anida el verdadero problema fiscal español. La clave está, pues, en elegir entre abordar una reforma fiscal con mayúsculas o poner simples remiendos.

Una reforma fiscal integral, que no los parches ni los paños calientes que maneja este Gobierno, exige tener en cuenta claves como el crecimiento, el empleo, la equidad y el bienestar social, y actuar con criterios de eficiencia. Incluso hay quien dice, como el profesor Rafael Domenech, que la mejor estrategia para incrementar los ingresos públicos es aumentando las bases fiscales de los impuestos mediante la reducción de la tasa de paro y de la temporalidad --la mejor manera de reducir la desigualdad--, y el incremento de la tasa de empleo y la productividad.

La primera consideración pasa por analizar el fraude, ya que es una de las cosas que más alteran la progresividad real del sistema tributario, por cuanto provoca una redistribución peculiar desde quienes contribuyen honradamente hacia los que defraudan. No se hace. Tanto es así que en España ni siquiera existe un observatorio oficial que estudie cuántos miles de millones de euros mueve realmente la economía sumergida. Todos los estudios que hay al respecto son académicos o privados, como constata el profesor Santiago Lago.

La segunda línea de trabajo, en un escenario riguroso, debería comprender una revisión de los grandes impuestos: IRPF, IVA, Especiales y Sociedades. Es decir, una reforma a fondo que permita revisar la tributación personas y empresas, de modo que los principios constitucionales de igualdad y progresividad que deben inspirar el sistema tributario, dejen de estar en entredicho, y España pueda reducir su elevado diferencial con los países de la Unión Europea, y en especial con los de la eurozona. Podría corregirse así de paso la rebaja observada durante los últimos años en la imposición directa y el incremento de la fiscalidad indirecta. Otra cosa es que una reforma fiscal integral exija un Gobierno con mayoría suficiente para afrontarla y, si es posible, consensuarla. No parece ser el caso del actual Gobierno.