MADRID 3 Sep. (OTR/PRESS) -
Los independentistas catalanes mantienen su apuesta por el soberanismo y el Gobierno español y los partidos constitucionalistas se aferran al andamiaje institucional del 78. Nada nuevo bajo el sol de finales de verano, en vísperas de un otoño que se presume caliente.
¿Cederán ambas partes? ¿Una más que otra? ¿Permanecerá la tensión enquistada? Visto el problema con perspectiva histórica, no habría que descartar ninguna de las tres opciones, a sabiendas de que en un país descentralizado como España no tiene sentido mantener toda la estructura institucional propia de un Estado centralizado.
Este martes se conocerá con más detalle la agenda del presidente Quim Torra, filtrada de antemano en términos de dureza. También se conoce la intención de Pedro Sánchez de plantarle cara haciendo política en Cataluña, desde Barcelona, donde habrá una junta de seguridad, un consejo de ministros y una visita del presidente del Gobierno al Palau de la Generalitat. También habrá comisiones bilaterales y se celebrarán actos para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución.
Si la batalla política se mide en votos, para el independentismo es fundamental no perder la mayoría parlamentaria, de ahí el interés de Pedro Sánchez en promocionar al PSC y, de rebote, al PSOE. Los socialistas catalanistas son prácticamente los únicos que pueden hacer bajar a los independentistas; les bastaría con recuperar a los que se fueron de sus filas hacia partidos como ERC. Pedro Sánchez parece confiar en sus propias fuerzas y ha optado por la política, dispuesto a negociar, dejando a un lado la independencia. Madrid ya no habla solo de fiscales, jueces y policías. Pero no lo tiene fácil.
El independentismo que maneja Carles Puigdemont a través de Torra no renuncia a lograr la secesión mediante la presión. Pero una vía unilateral volvería a rescatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Aún así, no parece probable que los independentistas se contenten con mejorar su financiación y las infraestructuras, que es lo máximo que puede ofrecerle Pedro Sánchez, cuyo gobierno parece más próximo a Pere Aragonès, de ERC, que a Torra, el hombre del fugado Puigdemont.
Encajar Cataluña en España mediante un cupo supondría una reforma a fondo del Estado autonómico --¿sin diputaciones?, ¿con menos autonomías y ayuntamientos?-- y dada la dimensión de la comunidad catalana --un 20% del PIB español-- tendría que incorporar elementos redistributivos que, a diferencia del vasco o el navarro, contribuyesen a mantener el Estado del bienestar en toda España. Palabras mayores que si bien flotan en el ambiente nadie quiere poner --todavía-- encima de la mesa.