Rojadirecta tendrá que dejar de emitir partidos en 7 días para no ser bloqueada por los operadores

   MADRID, 26 Nov. (Portaltic) -

   La justicia de A Coruña ha decretado que Rojadirecta, la página web para ver partidos de fútbol en 'streaming', tendrá que dejar de emitir los encuentros antes de 7 días o las operadoras de Internet bloquearán el acceso a su dominio.

   El Juzgado de lo Mercantil número uno de A Coruña ha corroborado la solicitud de medidas cautelares que realizó Mediapro contra Puerto 80 Projects, la compañía encargada de gestionar Rojadirecta. Además, también ha denegado el recurso interpuesto por los responsables de la web para paliar las medidas con un pago de 10 mil euros tras la petición de cierre.

   La juez ha visto que "Rojadirecta está actuando de forma que incurre en competencia desleal" y, de no llevarse a cabo el cierre, estaría generando un daño económico importante a Mediapro, quien posee los derechos actuales de retransmisión de los partidos de fútbol de la Liga de Fútbol Profesional, como ha explicado ADSLZone, que ha tenido acceso a la sentencia.

   El cese de la emisión tendrá que realizarse antes del próximo día 5 de diciembre. De no hacerlo, la propia juez dará el visto bueno para bloquear el acceso a la web en todo el territorio español, informa el medio citado.

   No es la primera vez que Rojadirecta y su administrador, Igor Seoane, se tienen que enfrentar a la Ley, ya que, en otros países como Estados Unidos, Reino Unido o Italia, el servicio en 'streaming' también se ha visto restringido por la Justicia.

   La postura de la web es que ni se lucra por la retransmisión de los partidos ni ella misma es la emisora. Mediapro, por su parte, afirma que la principal fuente de ingresos de la plataforma es la promoción de los partidos o de las actividades deportivas que retransmiten, además de que, en muchos casos, sería también la emisora de los mismos.

   El grupo de comunicación, cuyo responsable es Paolo Vasile, valora sus pérdidas en más de 500 millones de euros, por lo que solicitó, cuando planteó su acusación en el juzgado, una compensación económica de, al menos, 50 millones de euros.