MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno descarta pedir a la Agencia Española de Protección de Datos un informe sobre la privacidad que ofrece WhatsApp a sus usuarios en España, ya que el uso de este servicio está regulado en la legislación española. Los responsables de la protección de las comunicaciones en Alemania han aconsejado a los usuarios que no usen la aplicación y son numerosos los informes que ponen en entredicho su seguridad.
"Los servicios WhatsApp autorizados están sujetos a las obligaciones de privacidad de la legislación española y comunitaria", asegura el Ejecutivo en una respuesta por escrito dirigida a UPyD en el Congreso de los Diputados, que ha sido recogida por Europa Press.
Según especifica, esta agencia es competente para la realización, como organismo supervisor, de cualquier investigación sobre las carencias en materia de protección de datos que puedan presentar estos servicios y abrir, en su caso, un procedimiento sancionador. Eso sí, subraya que, entre sus funciones, no figura la de hacer informes sobre la adecuación a la ley de un producto o servicio.
LA ALARMA DE ALEMANIA
La formación magenta cuestionaba al Ejecutivo si tenía entre sus planes pedir un informe a la citada agencia después de que en Alemania, la Oficina de Regulación de la Privacidad en las Comunicaciones, haya aconsejado a los ciudadanos alemanes que se abstengan de utilizar esta aplicación, debido a los problemas de seguridad y falta de garantías en la privacidad que ofrecen.
Según indica UPyD, esta falta de garantías en la privacidad de los datos personales, unida a la compra de esta aplicación por Facebook, otra compañía que ha estado en el punto de mira de varios estados por sus políticas de privacidad "que contravienen la normativa europea al respecto", crea una "combinación" que, a juicio de la citada oficina alemana, puede dejar desprotegidos a los ciudadanos ante el uso de sus datos personales sin el correspondiente conocimiento y consentimiento.
Por ello, la formación magenta defiende que las ventajas en materia de comunicación que este tipo de aplicaciones pueden ofrecer a los ciudadanos deben conjugarse con unas garantías mínimas de seguridad.
COMPARTIR CON PRIVACIDAD
Con esta paradoja por la que el ciudadano europeo quiere compartir contenidos propios en la Red, pero al mismo tiempo desea que sus datos personales sean salvaguardados, el Ejecutivo agrega que la legislación comunitaria contempla el derecho a solicitar la supresión de información personal en la Red que ya no resulte necesaria.
Según apunta, es el "famoso derecho al olvido", que el Parlamento europeo en su dictamen de 12 de marzo, llama 'derecho de supresión', así como el derecho a la portabilidad, que es una facultad que va más allá del derecho a la protección de datos y afecta a la interoperabilidad entre plataformas tecnológicas.
Igualmente, recuerda que está regulado todo lo relativo a las obligaciones de los responsables y encargados del tratamiento de datos teniendo en cuenta que pueden estar residenciados en otros países o que participan varias empresas en una actividad que conlleva el tratamiento de datos.
"Esta flexibilidad para adaptarse a distintas circunstancias es importante para el tratamiento de datos en nube, donde es muy frecuente subcontratar parte de la capacidad de almacenamiento. Pero, manteniendo siempre informado al titular de los derechos, que puede en cualquier momento retirar sus datos de una plataforma y llevárselos a otra", añade el Gobierno.
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