BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia de Salud Pública de Cataluña (Aspcat), organismo de la Generalitat, ha anunciado este jueves su intención de adaptar los cigarrillos electrónicos a la ley antitabaco vigente, para lograr durante 2014 que no se puedan fumar en ningún espacio cerrado público o privado, con un anteproyecto de ley que se debatirá en el Parlamento.
"Pondremos todo el esfuerzo para que esto sea posible", ha subrayado el director general de la Aspcat, Antoni Mateu, que ha subrayado que el Consell Executiu ya aprobará este año un acuerdo para su prohibición en todos los edificios públicos competencia de la Generalitat y que el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) instará a hacer lo mismo en todos los centros sanitarios.
Más allá de esta primera prohibición --que podría ser adoptada también por los espacios públicos de titularidad municipal--, el Gobierno catalán tramitará en una ley específica catalana que las restricciones se apliquen también en el acceso de los menores de 18 años a estos productos, lo que además limitaría su publicidad y posibles patrocinios.
"Alguien tiene que dar este paso", ha considerado Mateu, que ha recordado que ya en julio, ante el vacío legal que existe, se recomendó su prohibición a los centros sanitarios y se trasladó esta cuestión al Ministerio de Sanidad, que no ha contestado todavía, por lo que Cataluña será la comunidad pionera en el Estado en regular el uso de estos dispositivos.
El director de la Aspcat ha asegurado que Cataluña dispone de competencias para dar este paso, más allá de las decisiones que posteriormente pueda adoptar el Gobierno central, y ha recordado que la UE también trabaja en una directiva específica que estará lista en 2014 con el objetivo de proteger la salud de las personas.
Mateu ha señalado que quizás sería más fácil esperar y no hacer nada, pero ha considerado que la comercialización de los cigarrillos electrónicos es un "problema importante" y las administraciones están siendo lentas en su regulación, especialmente desde el 'boom' vivido por estos comercios desde 2011, ya que, por ejemplo, se desconoce cuántas tiendas de este tipo operan actualmente, y la Generalitat ha documentado algún caso de venta a menores.
Ha reconocido, no obstante, que la idea comercial es muy buena --pese a que incurra en información engañosa, advierte--, y ha explicado que el pago de los 13.000 euros que cuesta abrir un negocio como franquicia se pueden recuperar en unos cuatro meses.
RIESGOS
Entre los riesgos detectados en estos productos, la Aspcat ha señalado que pueden ser una nueva puerta de entrada al hábito de fumar, especialmente entre los más jóvenes; que se pierdan los beneficios logrados en los últimos años; que no está demostrado que sirvan para dejar de fumar, ya que algunas versiones contienen nicotina, y que ciertos modelos contienen sustancias cancerígenas como las nitrosaminas y metales pesados.
La Aspcat ha indicado que no hay una regulación de qué sustancias deben incorporar y que cada fabricante --la mayoría de ellos ubicados en China, pero también en Europa-- decide la composición de su producto y realiza sus propios controles, cuando incluso un primer estudio científico apunta a la posibilidad de que disminuyan la capacidad pulmonar del consumidor incluso a corto plazo.
Cataluña organizará una conferencia científica el primer trimestre de 2014 e iniciará una recogida sistemática de información para buscar datos reales de su consumo, si bien se dan por buenas las cifras de un eurobarómetro que apuntan a que el 5% de la población ha probado este producto --el 3% lo ha probado alguna vez, un 1% lo consume ocasionalmente y el 1% lo consume a diario--.
"No vamos en contra de los fumadores", ha asegurado Mateu, que ha circunscrito el anuncio a las recomendaciones realizadas por el Consejo Asesor sobre el Tabaquismo, que también ha animado a la Generalitat a trasladar al Ministerio que dirige Ana Mato sus conclusiones para una eventual regulación a nivel estatal.
La agencia ha recordado que lo verdaderamente saludable es no fumar, y ha argumentado que la publicidad engañosa sobre la hipotética bondad de estos productos también limita el trabajo de la Administración para que los fumadores abandonen este hábito, un trabajo capilar en los centros sanitarios públicos que permite que cerca de 70.000 catalanes dejen el tabaco cada año.