MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
La subdirectora de Arbitraje, Normativa y Asociacionismo del Consumo del Instituto Nacional de Consumo (INC), Milagros Yagüe, ha afirmado que gracias al anteproyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, donde se fija un nuevo marco legal del comercio a distancia y se regulan las contrataciones telefónicas, podrá reducir el volumen de reclamaciones a la mitad.
En este sentido, Yagüe ha recordado que en 2011 se registraron en las asociaciones de consumidores un total de 300.000 reclamaciones en sectores como las telecomunicaciones, energía, agua o seguros "donde es habitual la contratación a distancia", además de otras 85.000 quejas recogidas por las juntas arbitrales que, en su mayoría, respondían a "una falta de información en el momento de la contratación".
Por ello, el anteproyecto aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes regula las contrataciones telefónicas y advierte de que, en los casos en los que la empresa sea quien se ponga en contacto con un usuario, las ofertas no serán vinculantes hasta que el consumidor haya enviado su acuerdo por escrito ya sea en papel, por fax, correo electrónico o por un mensaje de SMS. De esta forma, no será suficiente con la grabación telefónica -como reclaman las empresas-- a no ser que sea el propio usuario quien contacte.
"No creemos que en una de estas llamadas que las empresas realizan a horas intempestivas puedan resumir los veinte datos que deben aportar a los consumidores y, además, conseguir que estos últimos entiendan todas las condiciones para aceptar la oferta", ha apostillado Yagüe. Asimismo, ha añadido que a partir de ahora "se deberá facilitar el formulario de desestimiento en la etapa precontractual y no al entregar el contrato como se viene haciendo ahora".
Así, Yagüe considera que "los consumidores y los empresarios estarán en igualdad de condiciones" e, incluso, vaticina una "mejora de la imagen de las propias empresas", ya que insiste en que estas nuevas medidas que se van a aprobar afectan concretamente a "uno de los sectores que mayor número de reclamaciones recibe".
En este sentido, ha explicado que en las reuniones de expertos que se han mantenido en el contexto europeo para desarrollar esta transposición, la mayoría de los países -con la excepción de Reino Unido-- han apoyado esta cuestión. Así, afirma que además de Noruega -donde ya se exige la aprobación del contrato por escrito en este tipo de casos-- "se sumarán previsiblemente países como Francia, Portugal, Suecia o Alemania, entre otros". "Se exige a las empresas lo mismo que van a tener que cumplir en otros países", sentencia.
De esta forma, Yagüe explica que "se está apostando por la "homogeneidad" en toda la Unión Europea, que favorezca a un mercado interior comunitario. Además, ha asegurado que estas medidas, en cuestiones como el comercio electrónico, "serán una garantía también para las empresas". La fecha marcada para que los Estados miembros recojan esta transposición es el 13 de diciembre, a la que se añadirá un plazo de seis meses -hasta junio de 2014-- para se adaptación.