Consumo podría sancionar con 1 millón de euros a varias entidades por desproteger a solicitantes de créditos al consumo

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   MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Ministerio de Consumo ha incoado expediente sancionador a varias entidades que otorgan créditos al consumo incumpliendo los deberes legales mínimos de información a quienes los solicitan.

   Las infracciones consideradas muy graves serán multadas con hasta un millón de euros, según ha informado el Departamento que dirige Alberto Garzón, que precisa que alguno de estos expedientes se ha iniciado por traslado del Banco de España.

   Tras la oportuna investigación, desde el Ministerio se advirtió que se están ofreciendo créditos al consumo en los que se observan "prácticas comerciales desleales, en algunos casos abusivas".

   Según la investigación instruida, las personas consumidoras que buscan acceder a este tipo de préstamos suelen encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, por lo que la falta de transparencia en las condiciones o su imposición unilateral por parte de las entidades prestatarias agrava su situación.

   La normativa básica en materia de consumo establece que las personas consumidoras vulnerables gozan de una "especial atención". Por ello, Consumo podría llegar a sancionar las infracciones consideradas muy graves con multas de hasta un millón de euros.

   Ahora se abre un periodo para la instrucción del expediente definitivo y la consecuente resolución por parte de los órganos competentes del Ministerio de Consumo.

   La falta de información y transparencia a la hora de conceder este tipo de créditos, así como la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas, pueden constituir una infracción tipificada en el artículo 47.1. de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

   Asimismo, el Ministerio recuerda no es legal la introducción o existencia de cláusulas abusivas en los contratos, el envío o suministro (con pretensión de cobro) de bienes o servicios no solicitados o el uso de técnicas de comunicación que requieran el consentimiento expreso previo o la falta de oposición del consumidor, ya que "pueden tener graves consecuencias para este".