ERC reclama la retirada de alimentos con aceite de palma de las máquinas de los colegios

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC) ha registrado este lunes en el Congreso una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a incrementar el control sobre la utilización del aceite de palma en productos alimentarios e iniciar la retirada progresiva de los productos con este componente de las máquinas expendedoras de centros educativos, deportivos y de salud.

La iniciativa, que firma el diputado Xavier Eritja y que será debatida en la comisión de Sanidad y Servicios Sociales, pide una modificación del reglamento europeo sobre la información alimentaria al consumidor "para que los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de este tipo de alimentos deban informar" de su contenido en envases o etiquetas "de manera legible y visual".

Además, el texto insta a que se desincentive el consumo de dichos alimentos entre la población infantil, limitando la publicidad en televisión, así como la distribución de juguetes u otros reclamos publicitarios en productos que contengan grasa o aceite de palma.

ALERTA DE UN PELIGRO PARA LA SALUD

Desde ERC advierten de que el aceite de palma --que se obtiene a través de la fruta de la palma 'Elaeis Guineensis'-- Se puede encontrar entre los ingredientes de un buen número de productos presentes en la cesta de la compra habitual, como patatas fritas, cereales, bollería, galletas, pizzas o chocolates, entre otros.

Eritja ha explicado que la composición de este aceite tiene más de un 50 por ciento de grasas saturadas, mucho más que cualquier otro, por lo que un exceso de su consumo "supone un riesgo para la salud: desde enfermedades coronarias hasta obesidad". Pese a esto, señala el diputado, su consumo y aplicación ha ido en aumento los últimos años.

Este es el motivo por el que ERC reclama "una política decidida para limitar el consumo de productos que contengan este componente". "La iniciativa se suma a la que ya presentó meses atrás, en la misma
comisión, para instar al Gobierno español a limitar el uso de azúcares saturados principalmente en las bebidas refrescantes, y que fue apoyada por la mayoría de la Cámara Baja.