FACUA asegura que la nueva ley de consumidores "se queda corta" y pide "mayor voluntad política" en la reforma

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Asociaciones de consumidores han coincidido este viernes en valorar positivamente la reforma de la Ley de Consumidores, aprobada este viernes en Consejo de Ministros, aunque han lamentado que se quede corta porque, a su juicio, "aún quedan muchos asuntos pendientes".

   En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha cuestionado la reforma al entender que "se queda extraordinariamente corta" y ha pedido una "mayor voluntad política" para la nueva legislación. Según ha explicado, el Gobierno "no ha hecho una apuesta contundente" para proteger a los consumidores y ha criticado que no se recoja "el resarcimiento de los daños" cuando hay un fraude previo.

   "En España hay muchos consumidores que sufren fraudes de empresas en sectores estratégicos y hay que garantizar una indemnización. Entre aquellos que sufren fraudes, muy pocos reclaman y aún a menos se les devuelve el dinero", ha señalado.

   Asimismo, ha incidido en la ausencia de imposición de gratuidad en los teléfonos de atención al cliente de las grandes empresas de servicios, además de la permanencia de algunas cláusulas abusivas. "Esta ley corre el riesgo de quedarse en papel mojado, al igual que otras leyes para proteger al consumidor. Deja a muchas empresas de determinados sectores con total impunidad que cuentan con muchos incumplimientos legales, pero no les va a pasar nada, sólo pequeñas sanciones que además son secretas", ha alertado.

   Sánchez ha explicado que su asociación, junto con otras asociaciones de consumidores, ya enviaron la pasada primavera al Gobierno las alegaciones al anteproyecto de reforma de Ley de Consumidores, y a pesar de ello "todavía no ha habido reuniones ni ningún tipo de respuesta" por parte del Ejecutivo.

   Por su parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) también ha afirmado que la nueva ley se queda "corta" ya que, a su juicio, "aún quedan muchos aspectos pendientes de abordar para una adecuada protección de los consumidores", más allá de la trasposición de la Directiva Europea 2011/83/UE que introduce esta reforma.

   Por ello, considera que las medidas aprobadas deberían ir acompañadas de mejoras en los organismos de control e intervención de la Administración frente a las actuaciones de las empresas, de cara a controlar su cumplimiento y, si cabe, establecer sanciones que mejoren la efectividad de la ley.

   Por último, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también afirma que, aunque las mejoras de la nueva norma "son notables, aún queda mucho por mejorar si se quiere reforzar efectivamente la protección de los consumidores".

   En este sentido, indican que la futura norma debería incluir también una regulación concreta sobre la forma de envío de facturas al consumidor; subrayan la necesidad de que se establezcan controles sobre la aplicación de la norma y creen que debería profundizar en la figura de la sanción con carácter resarcitorio.

   Además, en caso de insolvencia del empresario, afirma que el consumidor debería gozar de un derecho preferente de cobro y lamenta que las garantías "siguen siendo la Cenicienta de la norma" ya que la regulación actual "es lamentable, ambigua y poco aplicable".