Archivo - El ministro de Consumo, Alberto Garzón, inaugura el seminario ‘Publicidad de alimentos dirigida a menores en España’, en el Hotel NH Príncipe de Vergara, a 13 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). Durante la jornada han abordado las distint - A.Pérez - Europa Press - Archivo
MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Alberto Garzón se despidió este viernes de la política y, por tanto, también de su cargo como ministro de Consumo, una cartera no exenta de polémicas por sus declaraciones sobre la carne y las macrogranjas, en la que limitó la publicidad audiovisual de los juegos de azar y las apuestas. Este mismo lunes se ha confirmado la desaparición de esta cartera, cuyas competencias pasan a formar parte del Ministerio de Derechos Sociales, al frente del cual estará Pablo Bustinduy.
"Cerramos esta etapa en la que el Ministerio de Consumo ha llevado a cabo distintas medidas para proteger a las personas consumidoras", manifestó el hasta ahora titular de la cartera de Consumo en una publicación en la red social X, recogida por Europa Press. Garzón también ha dejado la coordinación de IU.
Garzón (Logroño, 1985) fue nombrado ministro de la nueva cartera de Consumo del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos en enero de 2020. En estos tres años, el economista ha puesto en marcha medidas como la regulación de la publicidad audiovisual de los juegos de azar limitándola a la madrugada o la prohibición de que los clubes deportivos exhiban publicidad de operadores del juego en sus equipaciones.
"Una de las iniciativas de la que nos sentimos más orgullosos es proteger a jóvenes y colectivos vulnerables frente a los riesgos del juego azar. Hemos impulsado un cambio de paradigma pionero en Europa al promover entornos más seguros de juego online", defnedió Garzón el pasado viernes.
En materia de juego, Garzón empezó a trabajar en 2022 en una ley que regulara las 'loot boxes' o cajas botín de los videojuegos, que son dispositivos que tienen un valor económico en un mercado real o ficticio y cuyo premio aleatorio se puede revender o intercambiar, incluidos los famosos NFT o las criptomonedas. Con su marcha, esta normativa queda pendiente.
En relación con los menores, entre otras medidas, su departamento también ha promovido el 'Código deontológico sobre la publicidad no sexista de juguetes', firmado por el Ministerio de Consumo con la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) y Autocontrol. En virtud de este nuevo código de autorregulación, que sustituye al de 2005, la publicidad de nueva producción debe evitar que se asocie a las niñas con actividades relacionadas con el cuidado, trabajo doméstico o belleza y a los niños con la acción, la actividad física o la tecnología.
En cuanto a los consumidores, el Ministerio de Consumo ha promovido medidas como el fin de los números 902 y la gratuidad de los teléfonos de atención al cliente de las empresas que prestan servicios básicos, públicas y privadas; la regulación por ley la figura de la persona consumidora vulnerable; la ampliación del plazo de garantía legal de los productos de 2 a 3 años y la obligación de que los fabricantes ofrezcan piezas de recambio durante 10 años desde la descatalogación.
Durante su mandato, Alberto Garzón también ha levantado polémicas con sectores como el ganadero o el de la industria cárnica. El ministro ofreció en una entrevista a un medio británico, en la que se mostraba en contra la ganadería intensiva y de las macrogranjas.
También la campaña 'Menos carne. Más vida', que el ministro lanzó a través de redes sociales, fue duramente contestada por el sector cárnico, por la oposición e incluso por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, preguntado sobre el asunto, sentenció: "A mí, donde me pongan un chuletón al punto, imbatible".
Pese a todas estas iniciativas, el propio Garzón reconoce que "queda mucho por hacer" y que el próximo Gobierno deberá trabajar en regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil; aumentar la eficacia del arbitraje de consumo, como herramienta de garantía de derechos de los consumidores; y crear nuevas leyes para regular los servicios de atención a la clientela, las condiciones generales de la contratación y las acciones colectivas de representación de los intereses colectivos de las personas consumidoras.