El Gobierno aprueba un Real Decreto para modernizar el Sistema Arbitral de Consumo

   MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha aprobado este martes un Real Decreto para modernizar el Sistema Arbitral de Consumo, un servicio público que permite a las personas consumidoras y usuarias resolver conflictos las empresas sin necesidad de acudir a los tribunales, pero con resoluciones que tienen carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes.

   "Y lo que hacemos ahora con este Real Decreto es actualizar el sistema para que pueda resolverse el proceso íntegramente de forma digital y hacerlo así más ágil y accesible a todas las personas consumidoras y usuarias", ha declarado el ministro, al tiempo que ha destacado que estos cambios garantizan la seguridad del procedimiento.

   Asimismo, Pablo Bustinduy ha indicado que, dentro este sistema, las partes se encomiendan voluntariamente a un órgano arbitral que actúa con imparcialidad, independencia y confidencialidad. La decisión tomada por el órgano arbitral es obligatoria para todas las partes, ya que estas han aceptado previa y voluntariamente este procedimiento, y tiene la misma eficacia que una sentencia.

   "Lo que vamos a conseguir al modernizar el sistema es ahorrar tiempo y recursos tanto a las partes implicadas como a la propia Administración, ya que se introducen herramientas digitales para que los procedimientos sean más rápidos y eficaces", ha manifestado el ministro, argumentando que las solicitudes se podrán realizar a través de Internet, que las notificaciones podrán recibirse también online y que, incluso, las audiencias podrán hacerse a distancia mediante videoconferencia, "y teniendo garantizada en todo momento la seguridad del proceso".

   El objetivo, según ha afirmado Pablo Bustinduy, es que la ciudadanía pueda acceder de manera fácil y sencilla a sus derechos en el ámbito del consumo sin depender de cuál sea el nivel adquisitivo o la posición social de la persona que quiera reclamar.

   "Con la renovación de sistema arbitral, todo el mundo podrá luchar por sus intereses de forma segura y universal", ha resaltado el ministro. Con este sistema, ha precisado, se pueden solventar todas las reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias salvo en algunos supuestos excepcionales que sí requieren de un proceso judicial: cuando el conflicto se produce a raíz de un caso de intoxicación, lesión o muerte, o si existen indicios racionales de delito.