MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Organizaciones de Consumo han lamentado la desaparición del Ministerio de Consumo al considerar que estas políticas han quedado diluidas, al tiempo que han reclamado mejoras legislativas al ministro Pablo Bustinduy, que queda al frente del ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Así, FACUA-Consumidores en Acción ha lamentado "la pérdida de protagonismo de las políticas de consumo en el organigrama del nuevo Gobierno" al desaparecer el Ministerio de Consumo, cuyas competencias pasan al de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Para FACUA, "la protección de los consumidores debería contar con un ministerio dedicado a ellas en exclusiva, como por primera vez ocurrió en la anterior legislatura" por lo que expresa su preocupación ante la posibilidad de que las políticas de consumo "se diluyan dentro de las funciones del ministerio que ahora asume estas competencias".
Por ello, dentro del nuevo Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, FACUA reclama que "al menos se configure una secretaría de Estado de Consumo" y espera que Pablo Bustinduy y su equipo asuman "las mejoras legislativas y el refuerzo en el control del mercado que necesitan los consumidores ante los abusos y fraudes de los que son víctimas".
Además, la asociación reclama "una dotación suficiente de medios técnicos y humanos para el ministerio a fin de poder desempeñar su labor inspectora y el ejercicio de la potestad sancionadora, de la que se dotó en la anterior legislatura el Ministerio de Consumo".
También pide al futuro ministro elaborar un anteproyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente que contemple el derecho de los consumidores a ser indemnizados cuando las empresas no contesten a sus reclamaciones en el debido plazo, entre otras demandas.
En la misma línea se ha expresado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que también ha lamentado de la desaparición del Ministerio de Consumo. Para OCU, "las competencias de consumo se diluyen y se convierten en un área más" dentro del nuevo Ministerio de Derechos sociales, Consumo y Agenda 2030.
Por ello, consideran que, con esta decisión," pierden visibilidad las políticas de protección al consumidor, que son tan necesarias en estos momentos de crisis e incertidumbre" actuales, sin olvidar que quedan "muchas cosas por hacer para mejorar los derechos de los consumidores". Según la OCU, estas cuestiones "serán más difíciles de atender en un ministerio con numerosas competencias y muy escasos recursos".
Entre otros asuntos, recuerda que queda pendiente por aprobar la Ley de Servicios de Atención al Cliente, la creación de la autoridad de defensa del cliente financiero que resuelva los numerosos problemas de los consumidores con las entidades financieras, la regulación del etiquetado nutricional, la alimentación escolar, el desarrollo de las acciones de representación, los retos que plantea la transición digital o desarrollar un marco adecuado para el desarrollo y la modernización de las asociaciones de consumidores.