Académicos alertan de que el plagio en las tesis doctorales es "un mal importante" y piden más control y formación ética

   Proponen medidas para evitar el exceso de 'cum laude', acabar con los directores de tesis "fantasma" y con el alto abandono

   MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Un grupo de expertos, integrado por académicos de número de la Real Academia de Doctores de España y representantes de las seis universidades públicas madrileñas reclaman un sistema de control "más consistente" y formación ética a alumnos y profesores para evitar plagios en las tesis doctorales.

   "Se trata de un mal importante en todos los ámbitos de la investigación en el mundo académico, que es fruto de la falta de ética científica", ha indicado a Europa Press el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid Juan José Aragón, coordinador del estudio 'Análisis y revalorización de los estudios de doctorado en España'.

   En este documento, sus autores subrayan que las comisiones académicas de los programas de doctorado de las universidades "tienen que ingeniárselas" para evaluar y comprobar que los trabajos suponen un avance la investigación, sobre la base de las publicaciones y comunicaciones que existan.

   No obstante, admiten que los investigadores en España están sometidos a la "presión externa" que conlleva la obligación de publicar su tesis en un medio de excelencia. "El rigor y la moralidad quedan en entredicho ante el afán de la publicación", apostillan.

   Este texto, que ya se ha entregado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, insiste también en la necesidad de que las tesis doctorales supongan un "avance del conocimiento" y una "aportación significativa y original". Aunque esto lo regula un real decreto de 2015, los expertos subrayan esta idea y recuerdan que la tesis doctoral representa el "primer trabajo de investigación" para un doctorando. Además, la constatación de que supone un avance, evita el fraude.

ABUSO DE SOBRESALIENTES 'CUM LAUDE'

   Otro de los temas analizados es la "injusticia" que se produce por el "abuso" que hay en las universidades españolas de sobresalientes 'cum laude' --la máxima calificación a la que se puede aspirar--. "Se premia igual a los alumnos excelentes que a otros que no lo son tanto", ha explicado el coordinador del trabajo.

   Aunque en 2013 se estableció que esta calificación tiene que obtenerse por unanimidad de los miembros del tribunal, este grupo de expertos proponen, además, una comisión 'ad hoc', diferente al tribunal de la tesis, para que, "en diferido", es decir, unos días después de la lectura de la tesis, notifique el resultado acordado para evitar que los miembros del tribunal se puedan sentir presionados.

   Los autores del informe también proponen cambios respecto a los plazos estipulados para la presentación de las tesis doctorales e indican que este empiece a contar en el momento en que el plan de investigación tenga la aceptación del director de la tesis y que la duración tenga en cuenta los tiempos que llevan las distintas investigaciones. "No es lo mismo un trabajo humanístico que un trabajo biológico con plazos concretos de distintos experimentos", argumentan.

   En cuanto al seguimiento de las tesis, aseveran que la revisión anual no es suficiente para comprobar el esfuerzo investigador y proponen que se hagan evaluaciones a los trabajos y que, en caso de que el doctorando cuente con dos evaluaciones negativas, cause baja definitiva en el programa, sin poder ser admitido con posterioridad. Para estos expertos, debe hacerse una "verdadera evaluación" porque la investigación "cuesta mucho dinero".

LOS DIRECTORES DE TESIS "FANTASMA"

   "Hay que acabar con los directores fantasma, que se dan con frecuencia en la Universidad. Son personas que no han intervenido ni participado en el trabajo de investigación, pero que aparece su nombre sólo por su prestigio", ha subrayado el coordinador del informe, que también ha indicado que el número de directores de tesis se limite a dos "como máximo", salvo que, por motivos académicos, se requiera un tratamiento multidisciplinar.

   Con respecto a los directores de las tesis, los académicos también sostienen que se debe reconocer el derecho del doctorando a elegir quién quiere que le tutorice, en lugar de tener que aceptar el que le asigne una comisión académica, algo que conlleva "consecuencias gravísimas" y "frecuentes conflictos".

   También los expertos buscan acabar con el alto porcentaje de abandono prematuro que se da en los cursos de doctorado, pues, según ha explicado el vicepresidente de la Real Academia de Doctores de España y exrector de la Universidad Politécnica de Madrid, Saturnino de la Plaza, sólo terminan estos estudios un 15% por ciento de los matriculados.

   Por ello, los autores señalan la necesidad de establecer un sistema de admisión de los alumnos que esté condicionado por la disponibilidad de recursos humanos --"el director de la tesis tiene que ser un auténtico perito del tema"-- y materiales relacionados con el tema y línea de investigación de los aspirantes a título de doctor: "Si no hay apoyo económico, no se puede hacer una tesis". Por todo ello, plantean una "preadmisión condicionada".

MÁS SUELDO Y MÁS PENSIÓN

   El vicepresidente de la Real Academia de Doctores ha indicado también a Europa Press que aunque en España se haya avanzado en los últimos años en los títulos de doctorado, y se encuentre ya al nivel de la media europea, todavía sigue lejos de algunos países en internacionalización, en la puesta en marcha de un grupo gestor de la investigación o en la exigencia de una mayor cualificación a los directores de tesis.

   El trabajo presentado este lunes tiene también como objetivo combatir la "falta de reconocimiento social" de los doctores en España, tanto en la Administración como en la empresa privada. Respecto a esto último, propone para los funcionarios doctores un componente retributivo, no sólo con carácter vitalicio, sino como complemento de la pensión pública de jubilación.

   Asimismo, señala la necesidad de que el Estado estimule al sector empresarial privado en la incorporación de investigadores a su plantillas mediante una cuota obligatoria o con incentivos fiscales si quieren optar a subvenciones públicas.