MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente del sindicato docente ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ha pedido a los grupos parlamentarios en el Congreso la necesidad de aprobar, "por encima" del Estatuto de la función pública docente, una Ley de la profesión docente para todos los niveles educativos y todo tipo de enseñanzas --concertada, pública o privada--.
Esta ha sido una de las propuestas del responsable sindical durante su comparecencia en la Comisión de Educación de la Cámara Baja, que este martes 21 de febrero ha comenzado con las comparecencias previstas de cara a los trabajos para el Pacto Social y Político por la Educación. "Si el pacto que se alcanzase no abordase en profundidad la situación del profesorado, éste nunca será efectivo", ha subrayado.
Fernández Guisado ha reiterado la necesidad de que los profesores tengan un papel importante en la gestión del futuro acuerdo y ha subrayado que este tiene que llevar aparejado una Ley de la profesión docente que regule la formación, el acceso y la carrera de los profesores españoles independientemente del nivel educativo --Infantil, Primaria o Secundaria-- y del tipo de centros en los que desarrollen su labor.
El presidente de este sindicato de funcionarios docentes, que ha alertado de que desde 2010 se han perdido 35.000 puestos en la enseñanza pública pese al aumento del alumnado, ha indicado también que en diez años se van a necesitar 200.000 profesores más en la pública por las jubilaciones.
Sobre el pacto educativo, ha indicado que tiene que tener como base el artículo 27 de la Constitución, que establece el derecho universal a la educación y la libertad de enseñanza para "evitar que se produzcan situaciones de confrontación ideológica". Asimismo, ha indicado que hay que aprovechar que hay "consenso en la necesidad de un pacto" y espera que los trabajos de la Subcomisión parlamentaria estén encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y a cambiar lo que no ha funcionado.
LEY DE FINANCIACIÓN EDUCATIVA
También ha pedido a los diputados que se dé prioridad a la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo. También ha reclamado un compromiso económico entre los partidos políticos y entre el Estado y las comunidades autónomas mediante un Ley de financiación para que alcance, al menos, un 6% del PIB; desarrollar el principio de autonomía pedagógica y organizativa de los centros; o un nuevo marco de la función directiva más profesionalizada.
"Para ANPE este pacto debe conducir a tres objetivos esenciales: recuperar el sentido etimológico de educar frente al más limitado de enseñar, combatir el fracaso escolar mejorando el rendimiento educativo de todos los alumnos y revalorizar la profesión docente", ha indicado.
En respuesta a las preguntas de los portavoces parlamentarios sobre las evaluaciones, Fernández ha indicado que es partidario de las mismas, siempre que no condicionen la obtención del título en las etapas obligatorias, y también está de acuerdo con que se evalúe a los profesores "con criterios objetivos" y no para poner en entredicho su labor. En este sentido, ha mencionado el sistema de evaluación del profesorado de Asturias, que, a su juicio, está funcionando en esa comunidad y se puede tomar como ejemplo.
"NO SE TIENE QUE PAGAR A UNA FAMILIA QUE SEGREGA A SUS HIJOS"
Por su parte, el miembro de la Asamblea Marea Verde Agustín Moreno, que también ha participado en la primera jornada de comparecencias de la Comisión de Educación ha denunciado los recortes a la enseñanza pública de los últimos años y ha pedido que se garantice una financiación adecuada de esta red frente a la concertada para poder garantizar el derecho la educación y la igualdad de oportunidades.
Asimismo, ha dicho que no está en contra de la libertad de enseñanza pero ha advertido de que esta no debe servir para seleccionar al alumnado como, a su juicio, considera que hacen los centros concertados en la Comunidad de Madrid. "La concertada no tiene que estar financiada con fondos públicos", ha subrayado, para añadir que "si hay un sistema público de calidad no se tiene que pagar a una familia que quiere segregar a sus hijos".
Moreno, que ha sido invitado por Podemos para comparecer en sede parlamentaria, ha defendido el laicismo en la escuela y ha asegurado que la asignatura de Religión "distorsiona el currículum" y se ha quejado de que no se establece un mínimo de alumnos para poder impartirla en los centros y afecta a un mínimo de "80 horas" del calendario escolar. "La Religión es algo que pertenece al ámbito privado de las familias y no al institucional".
Por el contrario, este portavoz de la Marea Verde ha defendido la asignatura de Educación para la Ciudadanía, eliminada por el Gobierno del PP. Considera que es una "obligación" educar a los alumnos como ciudadanos "comprometidos".
Moreno ha pedido a los grupos políticos que el pacto tenga en cuenta la "singularidad de un Estado plurinacional" y que arbitren mecanismos de negociación "efectivos" con la comunidad educativa para que pueda participar de forma "real" en el proceso: "Hagan lo mejor posible su trabajo pero cuenten con nosotros".