El borrador de recomendaciones del Ministerio de Educación propone sistemas de "entrega o préstamo" para evitar la 'brecha digital'
MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno y las comunidades autónomas quieren que los centros educativos tengan suficientes dispositivos electrónicos el próximo curso para garantizar "el acceso de todo el alumnado" a la educación 'online' en el caso de que se produzca un repunte de contagios de coronavirus que obligue a confinar de nuevo a la población en sus domicilios.
Así figura en el borrador del Ministerio de Educación y Formación Profesional, al que ha tenido acceso Europa Press, con las orientaciones para la preparación de planes de contingencia para el curso 2020-2021. El documento señala que los centros tendrán que proveer a sus estudiantes de estos dispositivos mediante "entrega o préstamo" para evitar la 'brecha digital' en los hogares sin conexión a internet y ordenadores.
"El desarrollo del curso 2020-2021 es imprevisible, dado el desconocimiento que aún tenemos acerca de la posible evolución de la pandemia del Covid-19. En consecuencia, resulta imprescindible establecer planes de contingencia que prevean las distintas circunstancias que puedan darse", se lee en este borrador con el que trabajan conjuntamente el Ministerio y las comunidades tras acordar, el pasado 14 de mayo acordaron, la creación de un grupo mixto para preparar conjuntamente el regreso a las aulas en septiembre.
Más de ocho millones de estudiantes de todas las etapas educativas preuniversitarias siguen el curso desde casa por el cierre de los centros educativos decretado el 14 de marzo con el estado de alarma. Ante la posibilidad de que se vuelva a repetir ese escenario tras la 'vuelta al cole' de septiembre, las administraciones educativas contemplan dotar a los centros del "equipamiento tecnológico necesario" y facilitar el acceso a plataformas digitales "para la comunicación en línea y el trabajo lectivo".
PLAN DE CONTINGENCIA ANTES DE LAS VACACIONES
El borrador con orientaciones para el próximo curso establece que todos los centros educativos contarán con planes de contingencia ante una eventual suspensión de la actividad docente presencial, y que esos planes deben estar definidos antes de las próximas vacaciones escolares. "Por lo tanto, esa será una tarea prioritaria para desarrollar en este próximo periodo de actividad escolar previo a la finalización del curso", indica el documento.
Para elaborar esos planes de contingencia, el Ministerio enumera una serie de recomendaciones a la hora de adaptar la vida en los centros a las medidas necesarias para prevenir contagios. Entre ellas, la provisión de material higiénico y sanitario, mantener las distancias de seguridad con limitación de aforos en aulas y otros espacios como patios y zonas comunes.
El Ministerio recomienda también crear protocolos de movilidad para el acceso y la salida de los centros, y adecuar los horarios "para cumplir las condiciones sanitarias establecidas" con el "establecimiento de turnos" entre los estudiantes.
ADAPTACIÓN DE CURRÍCULOS
Además, los centros educativos tendrán que adaptar los currículos y las programaciones del próximo curso centrándose en "los saberes y competencias fundamentales", sugiere el Ministerio dirigido por Isabel Celaá, "para recuperar los déficits ocasionados" por la suspensión de las clases presenciales este año.
Ante la posibilidad de que se produzca una nueva suspensión de las clases el próximo curso, se recomienda a los centros tener preparada una "programación alternativa" para que se pueda impartir a distancia "cuando resulte necesario", incluyendo métodos de evaluación. Para ello, se diseñarán "protocolos para el trabajo colaborativo entre docentes en situaciones anómalas" y se recurrirá a las "buenas prácticas desarrolladas durante los meses de actividad lectiva a distancia en el curso 2019-2020".
Con ese mismo objetivo, el Ministerio y las comunidades trabajan para desarrollar un "plan de refuerzo de la competencia digital" con "formación intensiva al profesorado para la utilización de recursos 'online', así como un "plan de preparación del alumnado para la utilización de herramientas y plataformas digitales".
Para evitar la desconexión del alumnado más vulnerable en un hipotético nuevo confinamiento se desarrollará, apunta el borrador del Ministerio, un "plan de seguimiento y apoyo" a estos estudiantes con dificultades para seguir la actividad lectiva a distancia "por falta de recursos tecnológicos o de competencia digital". También a los que tienen dificultades de aprendizaje o emocionales, o necesidades específicas de apoyo o necesidades educativas especiales.
ACABAR CON LA BRECHA CUESTA 45 MILLONES
Desde el cierre de los centros educativos el pasado mes de marzo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional puso en marcha iniciativas para facilitar la enseñanza a distancia en hogares sin recursos tecnológicos.
De ese modo alcanzó un acuerdo con Radio Televisión Española para emitir de lunes a viernes contenidos educativos en los canales La 2 y Clan TV, y logró la donación de equipos y conexión a internet de empresas tecnológicas para que las comunidades autónomas se los hicieran llegar a alumnos necesitados.
"Todavía tenemos hogares sin acceso a internet, pocos gracias a la labor que se ha hecho en banda ancha y al programa Escuelas Conectadas con inversiones importantes en fibra óptica, y eso nos permite tener un respiro", dijo la ministra Isabel Celaá el pasado mes de abril en una entrevista a Europa Press. "Eso no quiere decir que no haya brecha, hay alguna no muy grande en porcentaje, pero ese porcentaje son algunos miles de alumnos y es preciso considerar esas anomalías y diferentes situaciones", apostilló.
Un estudio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) estima que acabar con la brecha digital escolar en España costaría poco más de 45 millones de euros. Con esa inversión, se podría dotar de un ordenador y conexión a internet a los escolares españoles menores de 16 años que no tienen dispositivos electrónicos en casa. En concreto, son 301.556 los hogares españoles en esta situación, el 6,5% del total, según datos de la Encuesta TIC-H del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2019.