La comunidad educativa considera 2019 "un año perdido" para las políticas de educación

 Docentes piden reformas, estatuto e inversión; los estudiantes quieren mejores becas; y la concertada "defendederá" la libertad de enseñanza

   MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Distintos representantes de la comunidad educativa coinciden en calificar 2019 como "un año perdido" para las políticas educativas tras la "parálisis" institucional que mantiene desde hace meses el Gobierno en funciones y sin acometer demandas postergadas como la reforma de la ley de educación, el aumento de inversión o la creación de un estatuto docente.

   "El año se ha caracterizado por la parálisis, y no ha sido posible lleva a cabo ninguna de las reformas", lamenta en declaraciones a Europa Press el presidente del sindicato docente ANPE, Nicolás Fernández, en alusión a la reforma educativa que pretendía derogar la "desvirtuada" y vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 y cuestionada por un amplio sector de la comunidad educativa.

   El Gobierno socialista comenzó 2019 ultimando esa reforma, la Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que se aprobó en Consejo de Ministros el 15 de febrero, el mismo día que se adelantaban las elecciones generales, dejando el texto sin recorrido parlamentario. Los principales sindicatos docentes coinciden en señalar esta reforma como una prioridad en cuanto se forme un nuevo Ejecutivo.

   Para Fernández, la reforma planteada por la ministra de Educación, Isabel Celaá, "se queda corta". "Hay que afrontar retos como el fracaso escolar, o revisar el diseño curricular porque es perverso y está desvertebrado por la aplicación que han hecho las comunidades autónomas", añade el presidente de ANPE, que pide a 2020 acometer "la otra gran reforma pendiente", como califica la carrera del profesorado.

LA LEGISLATURA DEL PROFESORADO

   Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), su secretario general, Francisco García, proclama que la nueva legislatura debe ser la del profesorado. "Además, hay que revertir en mayúscula los recortes, recuperar la inversión en educación hasta el 5,9% del PIB, como en 2010, y derogar la LOMCE con una ley que aborde la equidad y las políticas socioeducativas", explica a Europa Press.

   En UGT, la responsable de Educación, Maribel Loranca, afirma que "en ningún caso" se puede valorar 2019 "positivamente" porque ya habían sufrido "un curso perdido para la educación" y van de camino "de que se repita lo mismo".

   "Esperamos un gobierno progresista al que le marcamos las prioridades que ya teníamos: el aumento de la inversión, la derogación de la LOMCE o crear un sistema transitorio de ingreso a la profesión docente", enumera Loranca. "Ya no hay excusa para que no se ocupen del profesorado y de mejorar su condiciones", apostilla.

   "2019 ha sido un año perdido por la nula progresión en la calidad de la educación", proclama Mario Gutiérrez desde el sindicato CSIF, que atribuye a "la falta de liderazgo del Ministerio de Educación" el "aumento de las diferencias en la calidad del servicio de educación, con diferencias de gasto por alumno de hasta el 50% entre comunidades autónomas".

REVERSIÓN "A MEDIAS" DE LOS RECORTES

   Al hacer balance del año, José Ramón Merino, secretario confederal del sindicato docente STEs, prefiere "ver la botella medio llena" y afirma que 2019 ha sido un "año de transición".

   "Queremos ser optimistas pensando que los ligeros avances de este año se puedan consolidar en los siguientes", argumenta. En ese sentido, Francisco García de CCOO coincide: "Ha servido para no seguir obstinándonos en el error de las políticas educativas del Partido Popular".

   STEs lamenta, sin embargo, que no se haya podido avanzar en inversión y que se acumulen las reformas pendientes, aunque el sindicato rescata la aprobación en febrero de la ley que pretendía acabar con el incremento del horario lectivo impuesto en 2012 a los docentes de Primaria y Secundaria.

   El efecto de la ley, recuerda José Ramón Merino, "no ha sido generalizado" y solo algunas comunidades autónomas" han establecido 23 horas lectivas semanales para los maestros de Primaria y 18 horas los profesores de Secundaria, como denunció su sindicato en septiembre.

   Otros sindicatos también reprochan al Gobierno socialista que no impusiera un límite al horario lectivo de los docentes, dejando la decisión en las comunidades autónomas. "La reversión de los recortes se ha hecho a medias", según Maribel Loranca de UGT. "Han utilizado una fórmula que no garantiza su cumplimiento", tercia Francisco García de CCOO. "Como se dejó al albur de las comunidades, no ha sido una medida eficaz", concluye Nicolás Fernández de ANPE.

MÁS BECAS

   Desde las organizaciones estudiantiles se califica con un "cero" a 2019 en la asignatura de avances de políticas educativas. Es la nota de la presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes CANAE, Andrea González Henry, que incluye la mejora de las becas entre los debes del Gobierno socialista.

   "Esperamos que cuando se forme gobierno empiece todo a estabilizarse, y nos encantaría que se llegara a un pacto educativo y se dejaran de lado las diferencias que dividen a los partidos", añade la presidenta de CANAE. Desde el Frente de Estudiantes, su portavoz Eva Madariaga se muestra más pesimista ante el nuevo año.

   "No parece que el nuevo gobierno, se conforme como se conforme, se atreva a impulsar medidas realmente transformadoras en materia educativa", explica Madariaga, que pide que "las políticas educativas no vengan decididas por estrategias parlamentarias sino desde la comunidad educativa, que conoce las problemáticas que se viven en los centros educativos".

PREOCUPACIÓN EN LA CONCERTADA

   Un futuro gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos preocupa más en el sector de la educación concertada, la de titularidad privada financiada con recursos públicos.

   El presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos CONCAPA, Pedro Caballero, considera que las polémicas declaraciones de Celaá el pasado noviembre en el congreso de la patronal de educación concertada Escuelas Católicas, donde negó que la libertad de centro sea un derecho constitucional, fueron "un claro anticipo de un gobierno regido por populistas que no quieren la unión de España y prefieren el enfrentamiento en vez de la unión y el consenso".

   "Vamos a defender a capa y espada la libertad de educación", advierte Caballero, que exige a los partidos "trabajar de una vez por el pacto social por la educación" para blindarla de vaivenes electorales. "Los verdaderos perjudicados de todo esto son los menores", asegura.

   El secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, admite "un poco de preocupación" ante la reforma educativa que la ministra Celaá pretender recuperar si se forma Gobierno. "Viene reforzada por las declaraciones de la ministra que avanzan un modelo en el que la demanda de las familias no se va a tener en cuenta o no va a ser un factor fundamental en la planificación escolar", precisa.

   "Estaremos atentos a los derroteros de la nueva ley para plantear nuestras demandas; libertad de enseñanza, atención a lo que pidan las familias y que se sigan firmando y ampliando conciertos", prosigue Alvira.

   Desde el sector de la educación privada, la asociación de colegios CICAE se muestra beligerante con el incremento de conciertos educativos. "A la administración les pedimos un mayor control para el cumplimiento del sistema de conciertos", expone su directora general, Elena Cid.

   "En Madrid y Cataluña ha estallado la evidencia del sistema de conciertos, que necesita de una profunda revisión y regulación para que recupere su espíritu originario y se elimine el copago por un servicio público", añade la representante de CICAE, que al año nuevo le pide "que el sistema educativo sea más flexible para que permita la existencia de proyectos educativos más innovadores y diferenciados".