El Consejo Escolar pide a Gobierno y CC.AA. elevar el gasto público en Educación al 7% del PIB en cinco años

   El sector de la concertada lamenta la falta de consenso ante la 'Ley Celaá'

   MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Escolar del Estado reclama al Gobierno que acuerde, en colaboración con las comunidades autónomas, un plan de incremento del gasto público en educación para los próximos 5 años, que permita alcanzar el equivalente al 7 por ciento del PIB, con el fin de equipar a España de manera progresiva a la media de la Unión Europea.

   Así consta en el dictamen aprobado este martes por el Consejo Escolar del Estado sobre la reforma educativa del Gobierno, que incorpora una enmienda de CSIF en este sentido.

   Este órgano consultivo del Gobierno, en el que están representados todos los actores de la comunidad educativa, aprobó un total de 121 enmiendas que se incoraron al dictamen de la Comisión Permanente, de un total de 551 presentadas. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha avanzado este miércoles su intención de incluir en su propuesta de reforma las 71 enmiendas de estas 121 a los que los representantes del ministerio de Educación presentes en el Consejo Escolar dieron su apoyo o se abstuvieron.

   Para CSIF, con este incremento España podrá equipararse de manera progresiva a la media de la Unión Europea. Otras de las medidas impulsadas por este sindicato que han contado con el respaldo de la mayoría del pleno del Consejo Escolar inciden en la necesidad de que la enseñanza al alumnado con dificultades de aprendizaje, así como en materia de apoyo y refuerzo, cuente con las ratios adecuadas y con el personal docente suficiente y especializado. Según informa CSIF, el informe del Consejo Escolar también insiste en la necesidad de un pacto político.

   En todo caso, el sindicato tilda de "caótica" el pleno del Consejo Escolar por la cantidad de enmiendas presentadas lo que, a su juicio, "demuestra las carencias del borrador redactado por el Ministerio".

   El Consejo también reconoce explícitamente la educación como un derecho fundamental y universal que debe estar garantizado por los poderes públicos", una aportación al dictamen que parte de CC.OO.

JUBILACIÓN VOLUNTARIA ANTICIPADA DE FUNCIONARIOS DOCENTES

    A juicio de este sindicato, este principio situará a la nueva Ley de Educación en el polo opuesto a la LOMCE. En cuanto al capítulo sobre profesorado, entre las enmiendas de CCOO aprobadas destacan el compromiso con la jubilación voluntaria anticipada de funcionarios docentes; la negociación del Estatuto Docente; la supresión de la incorporación de "expertos" no docentes con dominio de lenguas extranjeras; y la aplicación del acuerdo de mejora del empleo público.

   Por su parte, desde CANAE destacan en el dictamen la petición de un sistema de evaluación docente por parte de los estudiantes, gratuidad de los materiales escolares en la etapa obligatoria, mejoras en el sistema de becas y ayudas al estudio, incluir filosofía durante la ESO, más seguridad en las pruebas de acceso a la universidad, incluir conceptos de fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa en el currículo y capacidad para asociarse de los estudiantes a partir de los 12 años.

   La organización estudiantil ha señalado que va a pedir a la ministra de Educación "un proceso de negociación" para ver cuáles de ellas tienen definitivamente cabida en el texto antes de que éste llegue al Congreso. Además, ha anunciado que del 18 al 20 de enero realizará un encuentro entre estudiantes y representantes de los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso para trabajar aspectos de materia educativa y poder llegar a "consensos" en los temas que más afectan a los estudiantes.

"CONSENSO Y DIÁLOGO"

   Mientras, el sector de la concertada lamenta que "no existe el necesario consenso en esta contrarreforma educativa" que defiende la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y señalan que el informe presentado por la Comisión Permanente ante el Pleno fue aceptado por un margen de dos votos.

   En cuanto a las enmiendas rechazadas, puntualizan que no pretendían continuar con el espíritu de la LOMCE, sino mejorar el texto a partir del consenso y buscando acuerdos básicos. Por ello, alertan al actual Ejecutivo de estar cayendo en los mismos errores que criticaron como oposición durante la tramitación de la reforma educativa anterior, por lo que reclaman "diálogo y consenso" para sacar adelante la octava ley educativa de la democracia.

   Las organizaciones del sector (Escuelas Católicas, CECE, CONCAPA, COFAPA, FSIE y FEUSO) aseguran que se trata de una "reforma exprés con un alto contenido ideológico que responde a un interés político, electoral y partidista que no proporciona la estabilidad necesaria que requiere el sistema educativo" y lamentan "la falta de voluntad por alcanzar acuerdos en este sentido", por lo que reiteran la importancia de aprobar una ley de "mayor consenso".

   El Dictamen de la Comisión Permanente del Consejo Escolar ha sido tomado en consideración este martes por 56 votos a favor, 19 en contra y 19 abstenciones, con la incorporación de las 122 enmiendas aprobadas.

   Según han informaron este martes fuentes del Consejo a Europa Press, entre el centenar de enmiendas aprobadas, se ha aceptado la supresión de la observación 60, recogida en el dictamen de la Comisión Permanente, y que hacía referencia al uso del castellano en la escuela: "Se da la circunstancia negativa en algunos puntos del Estado de asignar un uso marginal a la lengua castellana, de forma que no parece la lengua oficial de todo el Estado y se incumple el artículo 3 de la Constitución Española, cuando señala que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla", decía el texto finalmente suprimido.

   Esta misma observación añadía que "al ser la lengua castellana patrimonio común de todos los españoles, no parece conveniente que la Administración central haga delegación total de su uso vehicular en el ámbito educativo a las administraciones autonómicas". "Se propone que la Administración del Estado fije una proporción mínima de uso de la lengua

   castellana en todo el Estado, como lengua oficial que es", añadía esta observación cuya supresión --aprobada por 45 votos a favor, 32 en contra y 8 abstenciones-- había sido pedida STES y CC.OO.

   Asimismo, se ha aprobado otra enmienda, por 49 votos a favor, 30 en contra y 5 abstenciones, que elimina la observación 55 referida a la Religión. Concretamente, el dictamen de la Comisión Permanente pedía que en la disposición adicional segunda de la Ley Celáa se añadiese un apartado 3 para especificar que la determinación del currículo correspondiente a la asignatura Religión será competencia de las respectivas autoridades religiosas". Esta enmienda de supresión había sido presentada por STES, CIG y CEAPA. Por el contrario, no se ha aprobado la enmienda de STES que pedía eliminar completamente la Religión de la escuela.

   El Consejo Escolar del Estado es el órgano de participación de los sectores más directamente relacionados con el mundo educativo, y lo integran representantes de las comunidades autónomas, sindicatos de enseñanza, patronales, organizaciones de padres de alumnos y estudiantes o de estudiantes, y su principal tarea es la de dictaminar los proyectos de normas en materia educativa, que tengan que ser aprobados por el Parlamento, el Gobierno o por el titular del Ministerio de Educación.