VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León estudian la posibilidad de ampliar la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) sobre la obligación de cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía a aquellos alumnos objetores que no han presentado recurso después de que el Gobierno regional extendiera esta decisión a los 106 alumnos de la Comunidad que sí lo presentaron.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, trasladó la decisión de la Junta de no recurrir el auto del TSJCyL conocido ayer e insistió en que sobre la aplicación de esta asignatura la Junta siempre ha mantenido un discurso "coherente", "plenamente legal" y "responsable".
"No nos gustaba nada la asignatura y la dimos por imperativo legal", aseveró el portavoz, quien explicó que con esta medida cautelar se da "paraguas jurídico" a los objetores, aunque recordó que sobre este tema deben pronunciarse el Tribunal Supremo y el Constitucional.
En este sentido, De Santiago-Juárez insistió en que hasta conocer el auto del TSJCyL la Junta sólo podía trasladar a los objetores que aquellos alumnos que no cursaran Educación para la Ciudadanía no podrían conseguir sus título y ahora existe una "cierta" protección legal para quien "libremente" ha decidido objetar.
Así, De Santiago-Juárez aseguró, ante las advertencias del PSCL, que la Junta está siendo "extremadamente prudente" con el auto del TSJCyL y pidió a los responsables socialistas que ejerzan la misma prudencia y "no sometan al sistema educativo a las tensiones".
Por último, el portavoz de la Junta destacó el grado de "inseguridad" generado por el Gobierno por "introducir a capón" esta asignatura, a tiempo que advirtió de la "falta de sensibilidad" del mismo por "negarse a negociar en esta materia".
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