MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
Escuelas Católicas, patronal de centros de educación concertada, ha pedido a la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, que respete la libre elección de los padres en la enseñanza de sus hijos, aunque sea con una fórmula distinta a la referencia a la "demanda social" que aparece en la LOMCE y que la reforma educativa prevé suprimir.
Así lo ha explicado a Europa Press el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, tras la reunión mantenida con la ministra y el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.
En el encuentro, según ha explicado, patronal y Ministerio han mostrado con "claridad" y "franqueza" sus discrepancias en un ambiente "sereno" y "cordial".
"Creemos en la buena disposición al diálogo de la ministra y el secretario de Estado, pero entendemos que hay presiones de otros partidos. No va a depender sólo del Ministerio", ha señalado en referencia a la actual situación política.
La "demanda social" es una de las reivindicaciones de la escuela concertada, aunque están dispuestos a aceptar una formulación alternativa si así lo desea el ministerio, siempre que se respete la libre elección de los padres.
Así, Alvira ha trasladado a la ministra que "la administración debe asegurar plazas sostenidas con fondos públicos, no plazas públicas".
Por otro lado, han defendido que se garantice que en un plazo razonable de dos o tres años el concierto por alumno se equiparará al coste real de la plaza. Según ha asegurado, en la actualidad el Estado aporta a una plaza concertada la mitad que a una publica, algo que, en su opinión, debería equipararse progresivamente.
Además, quieren que en la ley, al igual que se especifican sanciones para los centros que incumplan los conciertos, se hagan también explícitas las sanciones por incumplimiento de las administraciones sobre estos conciertos.
Respecto a la asignatura de Religión, consideran que es la Conferencia Episcopal la que debe negociar, pero apoyan que sea una asignatura evaluable y con una alternativa seria.
También han mostrado su desacuerdo a la presencia de concejales, a los que denominan "comisarios políticos", en el Consejo Escolar porque consideran este órgano "de participación y no de gobierno del centro".
Finalmente, Alvira ha afirmado que la ministra les ha trasladado la intención de aprobar el proyecto de Ley de reforma de la LOE en el primer trimestre de 2019, algo que considera "difícil" de cumplir ya que debe ser informado antes por el Consejo Escolar y el Consejo de Estado.