FSIE reclama una mayor inversión para todo tipo de centros educativos con motivo del Día Internacional de la Educación

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

FSIE ha reclamado a las administraciones públicas una mayor inversión para todo tipo de centros con motivo de la celebración del Día Internacional de la Educación, el próximo el 24 de enero, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de concienciar a la población mundial acerca de la importancia de la educación para conseguir los objetivos contemplados en la Agenda 2030.

El sindicato, con motivo de esta efeméride, ha reconocido la labor que realizan todos los profesionales de la educación en los casi 28.395 centros (de enseñanza no universitaria) que hay en España, de los cuales un tercio (9.261) son concertados y privados (datos oficiales curso 21-22).

FSIE ha defendido que la educación es un "pilar fundamental" para la construcción de sociedades "más prósperas, pacíficas, equitativas y mejor preparadas para encarar los desafíos, económicos, sociales o políticos, que se presentan". Asimismo, considera que es "la mejor herramienta para reducir cualquier desigualdad".

Sin embargo, a pesar de que España es la cuarta potencia europea y su presupuesto es el cuarto más grande de Europa, el sindicato ha advertido de que la inversión en educación por alumno en España "es inferior que la de otras economías de la UE más reducidas que la nuestra, como Malta, Luxemburgo, Estonia, Eslovaquia, Irlanda, Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia o Países Bajos".

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN POR ALUMNO

En concreto, ha asegurado que España ocupa el puesto 14, entre los 27, en inversión educativa por alumno. El gasto público en educación por alumno y año es de 4.001 euros en España, mientras que la media de la Unión Europea es de 6.082 euros.

"Nuestro gasto educativo por alumno es un 34,2% inferior al de la media europea. El gasto en educación repercute directamente en la calidad de la enseñanza y esta, a su vez, en la cualificación de
nuestros jóvenes y, en consecuencia, a su empleabilidad y calidad del empleo. Aunque la competencia educativa está transferida a las CC.AA., es misión del Gobierno central arbitrar, cuando no marcar, las pautas del gasto público en materia tan sensible", ha afirmado el secretario general de FSIE, Jesús Pueyo.

A estos datos hay que sumar los de fracaso escolar. España, junto con Malta y Rumanía lidera el ranking europeo de fracaso estudiantil, entre jóvenes de 18 a 24 años, con porcentajes que oscilan entre el 15,6% y el 16,7% La media de fracaso escolar en la Unión Europea se sitúa en el 9,9% mientras que en España alcanza un 16%.

FSIE ha recordado que la educación "abre oportunidades, reduce desigualdades y es el primer motor de desarrollo sostenible". En consecuencia, tanto la financiación de los centros educativos concertados como la atención y mejora de las condiciones laborales de los docentes, personal de administración y servicios y personal complementario que trabajan en ellos "deben ser una prioridad tantos para el gobierno y las comunidades autónomas, como para la sociedad en su conjunto".

El gasto público en educación en España para el conjunto de las administraciones y universidades públicas fue, en 2022, de 61.912 millones de euros (lo que representa un 4.4% del PIB), un 4,35 % más que en 2021 (59.216 millones de euros), según la Estadística del Gasto Público en Educación, publicada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. No obstante, pese a este incremento, el gasto público por alumno en los centros privados concertados inferior, en más de un 50%, a los de titularidad estatal. "Esta situación de desequilibrio e injusticia debe cambiar", ha afirmado Pueyo.

DIFERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA SEGÚN EL TIPO DE CENTRO

La administración financia en su totalidad el coste por alumno en los centros de titularidad pública, con una media de 6.940 euros por alumno, mientras que en los centros privados concertados la financiación pública, según critica el sindicato, "no llega ni a la mitad de esa cifra", 2.900 euros por alumno, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, "a pesar de que el número de alumnos en la privada-concertada no deja de crecer en los últimos años en detrimentos del alumnado de los centros públicos".

Para FSIE, esta financiación "desigual" entre centros públicos y privados-concertados queda patente también en el Informe sobre la distribución del gasto público en educación por naturaleza económica del MEYFP, que refleja que la enseñanza privada-concertada "solo recibió un 12,2% de la financiación total destinada a conciertos y subvenciones y ello a pesar de que la enseñanza privada y concertada representa ya más de una tercera parte del conjunto de los centros y del alumnado no universitario en España".

El secretario general de FSIE ha incidido en que llevan solicitando "desde hace tiempo" a las administraciones públicas que "solucionen esta diferencia tan significativa".

"Desde 2006 se está incumpliendo la disposición 29 de la LOE que estable la constitución de una comisión formada por el Ministerio de Educación, las comunidades autónomas y las organizaciones sindicales y empresariales del sector para valorar el coste real del puesto escolar, con el fin de adecuar la financiación de los conciertos y garantizar así la gratuidad real de la enseñanza. La comisión sigue sin constituirse siquiera. Y no parece haber interés en avanzar y resolver el déficit que acumula la financiación de los centros concertados", ha manifestado.

De hecho, la LOMLOE establece que en enero de 2023 debían haberse publicado las conclusiones de esta comisión que "ni siquiera ha llegado a constituirse".

Por otro lado, FSIE ha señalado que hay otros aspectos "muy importantes" para el sector, como incluir al personal de administración y servicios y el personal complementario en el pago delegado, extender los conciertos educativos a Educación Infantil 0-3 años y al Bachillerato, para garantizar la gratuidad real de la enseñanza hasta los 18 años, incorporar la figura de los orientadores en todos los centros y niveles de enseñanza y alcanzar la equiparación salarial y de carga lectiva de los docentes con sus homólogos de la función pública.