Hazte Oír anuncia que denunciará a los directores de centros educativos que "obstaculicen" el 'pin parental'

La organización defiende la medida contra "los activistas LGTBI, las feministas supremacistas y los ideólogos de género"

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización Hazte Oír denunciará a los directores de los centros educativos que "obstaculicen" la implantación del 'pin parental', una medida promovida por esta organización para que las familias tengan que autorizar expresamente la asistencia de sus hijos a clases con contenidos de diversidad afectivo-sexual dentro del horario escolar.

En un comunicado, la organización advierte que también denunciará a los consejeros de Educación de las autonomías que se opongan a esta medida que consideran un "derecho" de los padres "frente a los activistas LGTBI, las feministas supremacistas y los ideólogos de género", según la portavoz de Hazte Oír, Teresa García-Noblejas.

La organización celebra que el Gobierno de la Región de Murcia, formado por Partido Popular y Ciudadanos, haya aceptado implantar el 'pin parental', como exigía Vox para prestar su apoyo a los presupuestos autonómicos de 2020.

"Es una excelente noticia que esperamos se traduzca en un decreto legislativo en los próximos meses. Esto es imparable: los padres ya no están dispuestos a aguantar ni un minuto más a los adoctrinadores que se cuelan en las aulas para explicar a los niños feminismo radical, ideología de género y educación afectivo-sexual a medida de la izquierda", añaden.

Según la portavoz de Hazte Oír, el 'pin parental' "es una herramienta que los padres se ven obligados a utilizar para defender un derecho fundamental reconocido en la Constitución Española, en las sentencias del Tribunal Supremo y en tres tratados internacionales", aunque no los especifica, y asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene todas las de perder frente a la libertad para educar que tienen los padres reconocida en todos los países democráticos".

Este pasado jueves, el Ministerio de Educación y Formación Profesional anunciaba que recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa "dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado" como el 'pin parental', según la ministra Isabel Celaá.

Hazte Oír asegura en su comunicado que publicará "los datos de los colegios en los que se adoctrina en las diferentes comunidades autónomas", a los que ha comenzado a enviar cartas remitidas a sus directores para "advertir de que han vulnerado un derecho fundamental de los padres", en palabras de la portavoz de la organización.

"Si el adoctrinamiento persiste nuestra intención es invitar a los padres a acudir a los tribunales y, por supuesto, apoyarles para que puedan llevar a cabo las actuaciones jurídicas que procedan. Por ejemplo, denunciar al activista que ha impartido el taller, al director del centro educativo y al consejero de Educación como responsable último", detalla Hazte Oír.

CAMPAÑA EN MILES DE COLEGIOS

El pasado mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, Hazte Oír envió a 23.000 colegios públicos y concertados de toda España ejemplares del formulario 'PIN parental contra el adoctrinamiento en ideología de género', para que los padres soliciten información previa y consentimiento expreso para la asistencia de sus hijos a clases con contenido afectivo-sexual.

El propósito de la campaña, según Hazte Oír, era "conseguir que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox influyan para implantar la 'Solicitud de información previa y consentimiento expreso' para padres en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León, Madrid y Región de Murcia".

Además, la entidad envió la misma documentación a 6.000 Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) de colegios e institutos de enseñanza secundaria de Castilla y León, Murcia, Andalucía y Madrid en las que gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y Vox.

A finales de septiembre, la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denunció a Hazte Oír ante la Fiscalía General del Estado al considerar que su campaña "fomenta el odio" y podía constituir un delito.