Inspectores piden el cese del responsable en Cataluña por expedientar al funcionario que denunció adoctrinamiento

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

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La Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) exige al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el "cese inmediato" del inspector general de Cataluña, Manel Busson Torres, por expedientar al funcionario Jordi Cantallops que denunció en una entrevista el "adoctrinamiento" a los alumnos en determinados centros educativos catalanes.

"Llama la atención que la noticia de prensa (una entrevista en 'El Mundo') sea del día 16 de octubre y la resolución del secretario General de la Conselleria de apertura del expediente sea del día 19 de octubre", ha informado a Europa Press esta organización sindical, que sostiene que esta amonestación supone "un ataque frontal de la Generalitat a la libertad de expresión y a la independencia y autonomía de la inspección en Cataluña".

A juicio de USIE, con iniciativas como esta "quedan en evidencia quienes presumen de tolerancia, dialogo y respeto a la pluralidad" y solicita el sobreseimiento "inmediato" del citado expediente, que "está motivado por cuestiones políticas exclusivamente" y el cese del Inspector General de Cataluña "como responsable principal de esta situación".

Desde esta organización advierten de que la inspección educativa en Cataluña ha sido objeto de un "férreo intento de control político, que ha tenido entre otras consecuencias la precariedad en las plantillas de la Inspección catalana".

En este sentido, alertan de que en la actualidad están integradas en un 80% por "inspectores accidentales, designados por procedimientos de selección que no siempre han contado con las suficientes garantías de igualdad, mérito y capacidad establecidas por los principios constitucionales".

USIE exige al Ministerio de Educación que adopte las medidas solicitadas y reclama la convocatoria inmediata de nuevas oposiciones de acceso al cuerpo de inspectores, en las que se oferten todas las vacantes existentes, sin limitaciones políticas de ningún tipo. El proceso actual de oposiciones, convocatoria de 2016, debe continuar desarrollándose con normalidad para no lesionar derechos de los participantes.