Magistrados critican la "inmunidad" de colegios que no aplican protocolos antibullying: "Es necesaria la tolerancia 0"

   MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Magistrados han criticado la "inmunidad" que tienen los centros educativos que no aplican los protocolos para prevenir el acoso escolar.

   "Es necesaria la tolerancia cero", ha señalado este martes el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Vicente Magro, durante su intervención en la jornada organizada por la Sección de Infancia y de Abogados Penalista del ICAM para abordar 'La nueva responsabilidad penal de los centros educativos por acoso escolar'.

   El magistrado ha avisado de que al centro escolar "se va para que te protejan, no para que te desprotejan". Así, ha incidido en que el colegio "no solamente está para enseñar Matemáticas, Geografía, Historia o idiomas, está también para la convivencia, para aprender en valores, para aprender en educación y para aprender en igualdad".

   Por ello, ha recordado la "necesidad y obligación" de que los centros escolares implementen los protocolos de prevención del acoso escolar. "Tenemos soluciones y herramientas ahora mismo para evitarlo y esto no está en el debe de los padres, no. Un niño o una niña donde más tiempo pasa es en el centro escolar y el acoso escolar, por naturaleza, donde se ejerce, es en el centro escolar, que es donde están los acosadores y el acosado", ha aseverado.

   El jurista ha destacado que el acoso escolar solamente se está persiguiendo "con una posible responsabilidad civil, en su caso del centro o responsabilidad civil de los padres, de los acosadores que, si son menores de 14 años, además tienen inimputabilidad".

   "Esto no es cuestión de resolverlo con dinero, ningún padre ni ninguna madre va a coger ni un euro manchado de sangre cuando su hijo se ha suicidado por no soportar el acoso escolar. No es cuestión de que una póliza de seguros indemnice la muerte de un niño. No es esa la solución al problema. Nunca la responsabilidad civil es solución de un crimen, de un asesinato, de un suicidio, en este caso, de un menor", ha manifestado.

   Ante las cifras "brutales" del acoso escolar, Magro apuesta por la prevención y que "no vuelva a pasar": "Esto no puede volver a pasar, porque tenemos herramientas, tenemos instrumentos para evitar que esto vuelva a pasar. Tenemos un número ingente de especialistas en cumplimiento normativo en España".

   "Si no hacemos nada y si no ponemos programas de prevención del acoso escolar en los centros escolares, estaremos patrocinando la desigualdad, permitiendo que haya chicos y chicas en nuestro país, en los centros escolares, que permitamos que se les esté acosando. Y eso es promover la desigualdad", ha avisado.

   El magistrado ha reclamado que estos programas de prevención se implementen en la Administración pública, en colegios públicos, en concertados y en privados, "sin ninguna circunstancia de exclusión". "Aquí no es que unos centros tengan la obligación de tener el programa de prevención de acoso escolar y otros no, la escuela es para todos, en la pública, en la privada y en la concertada", ha precisado.

COORDINADOR DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN

   Entre las medidas contra el bullying, ha destacado que el director del colegio que sepa que existe acoso escolar "tiene que denunciarlo" o la posibilidad de poner un canal de denunciar para que el menor pueda contar que está siendo víctima. También ha mencionado que es obligatorio que los centros escolares designen un Coordinador de Bienestar y Protección que decida cómo poner en marcha el protocolo.

   En este sentido, el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fermín Javier Echarri ha recordado que la Ley Orgánica de protección integral de la infancia contra la violencia y la adolescencia obliga a la creación de los coordinadores de bienestar y protección y, a su vez, a la implantación de los modelos de gestión.

   Echarri ha puesto de manifiesto que los centros docentes extranjeros que operan en España también están "sometidos a la normativa sectorial en materia de educación".

   Por tanto, ha recalcado que los centros de enseñanza permanente extranjeros estarían abarcados por la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, por tanto, sometidas a la jurisdicción de los tribunales españoles para su investigación y enjuiciamiento.

   "¿Qué órgano jurisdiccional, me atrevería a decir, va a rechazar una denuncia cuando el hecho se ha cometido en España, en el seno de un colegio que actúa en España, en el que se ha cometido el defecto de organización que ha propiciado el delito, en el que se han producido las consecuencias jurídicas, en el que se ha lesionado el bien protegido?", ha preguntado.

   Por su parte, el profesor titular de Derecho Penal Carlos Gómez-Jara Díez ha criticado la "inmunidad" de los centros que no aplican los protocolos contra el acoso escolar. "Si llega una inspección educativa y ve que los protocolos son insuficientes o que no son eficaces o que no tiene, no pasa nada", ha afirmado.

   "Hay una cierta concienciación histórica de que con los centros escolares no se puede hacer nada. Generemos nosotros esa masa crítica, de tal manera que los centros escolares, si no es por humanidad, que tendría que ser, pues sea por coerción estatal. Es, si no cumples, si no haces bien tus cosas, tienes responsabilidad penal porque la responsabilidad civil les importa un pepino porque tienen seguro", ha lamentado.