MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido a abordar un Pacto Nacional por la Educación en seis meses. Éste será el principal desafío del reelegido ministro Íñigo Méndez de Vigo para dar cumplimiento al acuerdo de investidura alcanzado con Ciudadanos.
Pese a que la mayor parte de los grupos parlamentarios son partidarios de la derogación de la LOMCE y de aprobar una nueva ley en base al pacto, el líder del Gobierno subrayó durante su discurso de investidura que se harán modificaciones pero que en ningún caso se cambiará la normativa actual por otra nueva.
En todo caso, Méndez de Vigo ha dado los primeros pasos hacia este posible pacto tras reunirse con las principales organizaciones de la comunidad educativa --sindicatos, organizaciones de padres, de profesores, patronales, estudiantes-- durante los meses de septiembre y octubre. La mayoría de sus representantes se mostraron escépticos tras esta propuesta.
Además de las reválidas, la asignatura de Religión podría ser uno de los temas a debatir en el marco de las negociaciones para un posible acuerdo, ya que los socialistas se comprometieron en su programa electoral a sacar esta materia del horario lectivo. También podría discutirse el concierto a los colegios que separan a los alumnos por sexo que el Gobierno blindó en la LOMCE.
LAS 'REVÁLIDAS'
El Ejecutivo tiene que aprobar de manera inmediata, en base a ese pacto de investidura con Ciudadanos un decreto que modifique el calendario de aplicación de la LOMCE para suspender los efectos académicos de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, conocidas como 'reválidas' hasta que se alcance el pacto educativo.
Aunque la ley y el decreto que regulan estas pruebas prevén que este curso no sean necesarias para obtener el título de ambas etapas y, en el caso de la de la ESO, no impidan a los que la suspendan pasar a Bachillerato o a FP de grado medio, el Ministerio de Educación quiere con esta norma que sigan sin tener consecuencias académicas en los siguientes si no se ha alcanzado el consenso en Educación.
Otra de las cuestiones que tendrá que regular por el trámite de urgencia es la orden ministerial que establece las características de estas evaluaciones, que en el caso de Bachillerato es especialmente necesaria porque es la que va a sustituir este curso a la antigua PAU (Selectividad). Los alumnos de 2º de Bachillerato todavía no saben en qué van a consistir exactamente estas pruebas para acceder a la Universidad, dos meses después del arranque del curso académico.
El ministerio acordó con los rectores que la nueva evaluación fuera lo más parecida posible a la PAU para mantener el llamado 'distrito único', el que permite que los alumnos puedan acceder a cualquiera de las universidades españolas sin tener que someterse a procesos de selección en cada campus.
ABANDONO ESCOLAR Y ESTATUTO DOCENTE
Otra de los objetivos de la Legislatura en materia educativa tiene que ver con la reducción de la tasa de abandono escolar temprano --jóvenes entre 18 y 24 años que no han acabado la educación obligatoria--. La Unión Europea ha fijado para España bajar al 15% en 2020. En la pasada Legislatura, el descenso fue de seis puntos.
El Estatuto Docente es otro de los asuntos pendientes que ningún ministro de Educación en España ha logrado cerrar con la Mesa Sectorial, integrada por los cinco sindicatos de enseñanza con mayor representación entre el profesorado.
Méndez de Vigo encargó al experto José Antonio Marina el borrador del 'Libro blanco de la función docente no universitaria', que levantó ampollas entre el profesorado al proponer que una parte de la retribución de estos se vinculara a los resultados del centro, entre otras medidas.
El Gobierno tendrá que impulsar más medidas contra el acoso escolar. Aunque aprobó a principios de 2016 un Plan de Convivencia Escolar, la única iniciativa que ha puesto en marcha desde entonces es el teléfono contra el 'bullying' el pasado 1 de noviembre, del que tendrá que informar de forma periódica. En base a esta nueva herramienta, el Ministerio de Educación podrá actualizar los datos de acoso escolar ya que los últimos son de 2010.
REFORMA UNIVERSITARIA, '3+2' Y TASAS
En el ámbito universitario, queda pendiente la reforma anunciada por el exministro José Ignacio Wert, que encargó a un grupo de sabios la redacción de una propuesta y ésta quedó en un cajón. Sólo se han aprobado tres decretos que afectan a la educación superior, entre ellos, el conocido como '3+2', que permite reducir un año los grados y aumentar los másteres.
Sobre esta normativa, que ha provocado el rechazo de la comunidad educativa, los rectores de CRUE Universidades Españolas han logrado demorar su aplicación hasta consensuar un listado de títulos intocables con el Ministerio de Educación para que exista cierta homogeneidad en la oferta académica de las universidades españolas. Este pacto se materializará en una orden ministerial próximamente.
La subida de las tasas universitarias y la diferencia de precios entre comunidades autónomas tras la aprobación en 2012 del decreto de recortes, que permitió subir los precios públicos de los estudios universitarios, es otro de los asuntos a los que el Ejecutivo tiene que hacer frente en esta nueva etapa. También bajar el precio de los másteres para reducir la brecha con el de los grados.
La introducción de cambios en el sistema de gobernanza de las universidades es otro de los temas que han quedado pendientes, tal y como Rajoy admitió en el último discurso de investidura, en el que propuso cambios. Este asunto también lo contemplaba el mencionado informe de expertos de Wert.