Pedro Huerta, nuevo secretario de Escuelas Católicas: "La 'Ley Celaá' tiene una carga ideológica bastante fuerte"

   MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El nuevo secretario general de Escuelas Católicas Pedro Huerta está de acuerdo en la necesidad de reformar la actual ley educativa, pero muestra su rechazo al Proyecto de Ley (la denominada 'Ley Celaá' por ser la impulsora la ministra Isabel Celaá) propuesto por el Gobierno. "La 'Ley Celaá' tiene una carga ideológica bastante fuerte", asegura en una entrevista para Europa Press el secretario.

   Según indica, en el proyecto, actualmente en trámite parlamentario, se cuestiona la enseñanza concertada, al presentarla como una "anomalía" en Europa, cuando, tal y como sostiene, países como Francia, Reino, Unido, Dinamarca, Luxemburgo, Finlandia, Austria, Alemania, Suiza o Países Bajos cuentan con una red concertada en sus sistemas educativos. "Esto, de algún modo, tiene una carga ideológica, es cargar contra la concertada diciendo algo que no es real", insiste.

   Asimismo, la reforma propone la creación de plazas públicas en todas las áreas de forma para que no sean necesarias las plazas concertadas, con lo que de este modo se busca "una especie de asfixia de la enseñanza concertada", ya que entiende que el Gobierno lo que pretende, en el fondo, es dejar a la enseñanza concertada como "subsidiaria" de la pública, y promover únicamente esta última.

   Por todo ello, si se mantiene el texto tal cual, incluyendo las enmiendas presentadas por el PSOE y Unidas Podemos, también criticadas por Huerta, la red concertada corre el riesgo de desaparecer.

   Igualmente, el secretario general de Escuelas Católicas rechaza el planteamiento de que la concertada sea un tipo de enseñanza que "segrega" y "elige a los alumnos con más recursos económicos". "Es ideología, no es real tampoco esto", advierte, pues recalca que en el caso de la concertada, no hay participación de los centros ni de las instituciones en relación a las admisiones, sino que es una decisión tomada por los padres.

   Huerta también afirma que desde Escuelas Católicas son "conscientes" de que hay que mejorar la ley educativa, pero para ello es necesario, en primer lugar, que parta del diálogo con toda la comunidad educativa. De hecho, la falta de consenso es uno de los motivos por los que se muestra disconforme con el proyecto de reforma. "El consenso va a permitir que la ley sea duradera, que la ley tenga un trayecto mayor de las que están teniendo las leyes últimas, que a veces se cambian sólo por cuestión política", critica.

   En segundo lugar, pide que la nueva ley aporte mejoras pedagógicas reales y que respete el sistema educativo español de la doble red (pública y concertada), así como que se respete la libertad de elección de los padres.

   Pero también incide en que la nueva ley afronte la mejora de la financiación en la educación y de sus condiciones, tanto en la red pública como la concertada, y una revisión del currículo escolar, aunque matiza: "No se puede depender de los cambios de ley permanentes para que se vayan cambiando los currículos; si fuéramos capaces de establecer un pacto educativo, sería más fácil de hacer".

   Por otro lado, Escuelas Católicas quiere que la asignatura de 'Religión' tenga una 'asignatura espejo' (una optativa de 'Religión'), cuestión que en el proyecto no se especifica. "Aunque se le retire del currículo y de contar para nota o para la promoción, la asignatura espejo al menos le da una entidad, pero si no se la pone, queda bastante deslavazada", comenta.

IVA DEL 21% EN PRIVADOS

   Con respecto al planteamiento del Gobierno de poner un IVA del 21% a los colegios privados (actualmente están exentos de IVA), Huerta también se muestra contrario: "Nuestras escuelas, aunque sean concertadas, a veces algunos de los niveles no están concertados, por ejemplo, bachillerato o el primer ciclo de infantil de cero a tres años; si esto fuera adelante, supondría un incremento del 21% sobre el coste de ese nivel", avisa. "Esto no es un ataque a la enseñanza privada, es un ataque a las familias que quieren elegir esa educación", añade.

   No solo afectaría a aquellos niveles que están sin concertar, según Huerta, sino también a otras actividades y servicios, como el comedor, el transporte escolar o las actividades extraescolares, empujando por tanto a las familias a llevar a sus hijos a un centro público. "Y así se quiere introducir en la ley que la enseñanza pública es el único eje vertebrador de la educación en España", lamenta.

POSIBILIDAD DE PASAR DE CURSO CON ASIGNATURAS SUSPENSAS

   Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó también un Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, con motivo de la pandemia, en el que se establece que los centros, según lo dictado por las comunidades autónomas, podrán decidir si un alumno pasa de curso sin límite de suspensos.

   Según explica Huerta, "las situaciones excepcionales a veces requiere medidas excepcionales", pero lo que le preocupa es que hay enmiendas a la 'Ley Celaá' que "van en esa misma línea". "Un sistema educativo que no promueva el esfuerzo y la mejora y la evaluación permanente del proceso de enseñanza de aprendizaje y del alumnado, es un sistema educativo que no tiene futuro en sí mismo, para una situación excepcional vamos a aceptarlo, pero vamos a estar vigilando que no se extienda más de lo que se ha dicho", apunta.

GESTIÓN DE CELAÁ

   En resumen, Huerta considera que la gestión que está haciendo la ministra Isabel Celaá durante la pandemia está siendo "compleja". "Es una gestión en la que el Ministerio está teniendo que ejercer un liderazgo en medio de todas las competencias que están delegadas a las autonomías en un momento excepcional y complejo en el que, tal vez, ese liderazgo no ha sido lo que el resto de la ciudadanía y comunidad educativa hubiera esperado", opina.

   De hecho, pide a la ministra que sea más "ágil" y más "abierta" a escuchar a la comunidad educativa. "Nos sigue faltando todavía diálogo", concluye.