MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
Diferentes responsables del Partido Popular (PP) han manifestado este viernes su "extraordinaria preocupación" por los aspectos que se conocen del desarrollo del currículo de la nueva Ley educativa, también conocida como LOMLOE o 'Ley Celaá'.
"Demuestra que la ley ha vuelto a los postulados de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE), a la rebaja de la calidad del sistema y de la cultura del esfuerzo y a anteponer el desarrollo de las competencias a los contenidos", ha denunciado el PP en un comunicado, recogido por Europa Press.
Los responsable 'populares' han expresado esta preocupación en una reunión telemática en la sede nacional del PP en la que han participado el vicesecretario de Territorial, Antonio González Terol; la vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor; la portavoz de Educación del GPP, Sandra Moneo; la secretaria de Educación del PP, Reyes Fernández; los consejeros de Educación de gobiernos autonómicos del PP y los portavoces parlamentarios autonómicos en esta materia.
En este sentido, el partido que lidera Pablo Casado ha informado de que los asistentes a la reunión han coincidido en que el Ministerio de Educación "de ninguna manera puede escudarse en que esto es lo que marca Europa" porque, según ha detallado, "los sistemas educativos europeos de mayor calidad han logrado el equilibrio entre contenidos y competencias y no han aplicado la política del 'falso igualitarismo' que impone la 'ley Celaá'".
Asimismo, ha añadido que se han abordado los efectos "dañinos" de la conocida como 'Ley Celaá' para el sistema educativo, "fundamentalmente, el atentado que supone contra la libertad que la Constitución otorga a los padres para elegir modelo y centro educativo para sus hijos".
"La norma lejos de buscar el consenso, es partidista y está ideologizada como demuestra el ataque que supone a la educación concertada y la especial, así como la eliminación del castellano como lengua vehicular", ha insistido el PP, que cree que este último aspecto representa "una nueva cesión y pago del Gobierno de Sánchez a los independentistas para lograr su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".
Por todo ello, el Partido Popular ha recurrido esta norma al Tribunal Constitucional, ha impulsado una campaña de recogida de firmas contra la ley y presentado iniciativas en todas las Administraciones, y ha anunciado su derogación cuando llegue al gobierno.