Sindicatos ven "prudente" y "razonable" que el Gobierno aplace la nueva EBAU y no cambie el examen de 2024

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadores (UGT), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) han aplaudido que el Gobierno aplace la reforma de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), por lo que no habrá cambios en la prueba de 2024.

"Es razonable la decisión de aplazar la reforma de la EBAU estando el Gobierno en funciones", ha señalado en declaraciones a Europa Press la responsable de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, después de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional anunciara este jueves el aplazamiento de la nueva EBAU debido a que el Ejecutivo, al estar en funciones, no puede aprobar la reforma en Consejo de Ministros.

No obstante, Loranca ha recordado que la reforma de la prueba de acceso a la Universidad "sirvió de confrontación política, como ocurre con otras cuestiones educativas, cuando se comenzó a abordar".

Por ello, el sindicato urge a un acuerdo que "adecue la prueba a los objetivos de la ley educativa" e insiste en la "imposibilidad de realizar una única e igual prueba para toda España porque supone ignorar el peso de los currículos autonómicos", algo que, en sus palabras, "no impide la realización de pruebas homologables con acuerdo en los criterios de exigencia y evaluación".

"Nos preocupa la situación del profesorado que imparte Segundo de Bachillerato que, al tiempo que tienen que trabajar con el nuevo enfoque por competencias, debe orientar al alumnado con los criterios de leyes anteriores", ha apostillado la responsable de Enseñanza de UGT.

Por su parte, CSIF ha valorado "de manera positiva" que el Gobierno en funciones haya decidido aplazar la reforma de la nueva prueba de acceso a la Universidad, tal y como le recomendó el sindicato a principios del pasado verano.

En concreto, CSIF reclamó retrasar un año la nueva EBAU, teniendo en cuenta que el alumnado de Segundo de Bachillerato "iba a comenzar su curso sin conocer los criterios de la prueba a la que deberán enfrentarse en junio de 2024".

En todo caso, el sindicato advierte de que la decisión adoptada este jueves por el Gobierno "refleja la inestabilidad del sistema educativo" y espera que la futura reforma "se realice de manera pausada y consensuada en el nuevo ciclo político, con el fin de que haya una EBAU única en toda España sin diferencias en exigencia y nota".

CSIF también reclama un Pacto de Estado para impulsar esta y el resto de las reformas que necesita el sistema educativo "para favorecer la calidad, reducir el fracaso escolar y mejorar las condiciones laborales y el reconocimiento de la profesión docente".

Desde FSIE también han valorado positivamente la decisión del Ejecutivo de aplazar la nueva prueba de acceso a la Universidad y mantener el mismo examen para 2024. "Nos parece bien y prudente esta decisión en el contexto político en el que estamos", ha subrayado a Europa Press el secretario general del sindicato, Jesús Pueyo.

LA TRAMITACIÓN DE LA NUEVA EBAU, "COMPLETAMENTE TERMINADA"

Aunque el Departamento que dirige Pilar Alegría dejó "completamente terminada" la tramitación del real decreto de la nueva prueba de acceso a la Universidad, el Gobierno, al estar en funciones, no puede aprobar la reforma en Consejo de Ministros.

De este modo, el Gobierno mantiene vigente la normativa actual de la EBAU para que, según ha asegurado este jueves el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, "no les caigan unas reglas del juego nuevas a mitad de curso" a los estudiantes y porque un Gobierno que está en funciones "no debe prejuzgar lo que vaya a hacer el nuevo Gobierno entrante".

"Hemos entendido que, como está el Gobierno en funciones, no podíamos generar una normativa nueva, una regulación nueva, que vaya a condicionar lo que el Gobierno entrante quiera hacer y, por tanto, lo ideal es mantener esa normativa vigente", ha incidido.

El Ministerio de Educación ha precisado que esta decisión se debe a que la aprobación de la norma "excedería las competencias de un Gobierno en funciones, generando confrontación con las administraciones autonómicas". Además, añade, atiende a la petición de un año de moratoria por parte de las instancias universitarias y "rebaja la incertidumbre de docentes, alumnos y familias".