El Tribunal de Cuentas subraya que ya en 2007 cada titulado costaba a la Administración entre 33.000 y 47.000 euros

En cambio, los ingresos ordinarios de las universidades sólo cubrían la quinta parte de los gastos

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un informe del Tribunal de Cuentas de 2006 y 2007, sobre el sector público autonómico, subraya que el coste medio estimado de un titulado universitario para la Administración es de 32.922 euros para los de ciclo corto, 46.634 euros para los de ciclo largo y de 24.107 euros para los de segundo ciclo.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, resalta por otro lado que los ingresos ordinarios de las universidades públicas "solamente" cubrían por entonces un 21,8 por ciento de los gastos ordinarios, como media, siendo los "márgenes más negativos" los registrados en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

En cuanto a la evolución de las fuentes de financiación de las universidades públicas para el periodo 2003-2007, el Tribunal de Cuentas presenta un crecimiento acumulado anual del 8,3 por ciento.

Según desvela, las fuentes de financiación propias lo han hecho a una tasa acumulada de crecimiento anual del 5 por ciento, mientras que las ajenas lo han hecho a una tasa del 9,6 por ciento, lo que pone de manifiesto que disminuye la proporción de las propias y se incrementa la correspondiente a las ajenas, fundamentalmente con origen en las subvenciones corrientes.

En dicho informe avisa, además, de que algunas universidades públicas no aprueban los presupuestos antes del inicio del ejercicio, por lo que deben comenzar la gestión con los presupuestos del año anterior prorrogados.

Así las cosas, la institución aconseja a las universidades a que elaboren con mayor rigor sus presupuestos, antes del comienzo del correspondiente ejercicio económico, incluyendo en los mismos toda su actividad docente, así como unas previsiones de los proyectos de investigación que se les adjudicarán en el ejercicio, de modo que, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales sean las imprescindibles y, en todo caso, debidamente justificadas y acompañadas de la correspondiente financiación.

DEBERÍAN CAMBIARSE LOS PLANES DE JUBILACIÓN

En cuanto al personal de las Universidades, el informe resalta que, aunque en los ejercicios 2003 a 2005 se observa una tendencia creciente a la provisión de puestos de trabajo por personal funcionario en detrimento del personal laboral, dicha tendencia parece invertirse en los ejercicios 2006 y 2007, donde el funcionariado universitario representa el 55,69 por ciento de la totalidad del personal.

El Tribunal de Cuentas señala a su vez que, en todas las ramas de enseñanza de las universidades públicas, excepto en Ciencias de la Salud, la media de créditos impartidos por profesor equivalente es inferior a los 24 créditos establecidos en la legislación.

Con todo ello, la institución aconseja a las universidades a elaborar las relaciones de puestos de trabajo, diferenciando las funciones docentes e investigadoras y controlando la evolución de sus cargas de trabajo.

Por otro lado, avisa de que los acuerdos adoptados en el seno de las Universidades, estableciendo planes de jubilaciones voluntarias anticipadas e incentivadas para el personal docente investigador (PDI) funcionario carecen de soporte legal, por lo que los centros universitarios deberían suspender la vigencia de los mismos y, en consecuencia, poner fin a la incorporación de nuevos beneficiarios.

En este sentido, llama la atención de que los acuerdos adoptados en el seno de las Universidades, estableciendo planes de jubilaciones voluntarias anticipadas e incentivadas para el PDI funcionario, en general, no cuentan con el respaldo expreso de las comunidades autónomas al objeto de su financiación.

Por ello, dice que los Gobiernos autonómicos, a la hora de autorizar los costes del PDI deberían ejercer un adecuado análisis de su composición y seguimiento de su ejecución, con objeto de evitar que, con cargo a los mismos, se imputen gastos en concepto de retribuciones, incentivos o ayudas carentes de soporte legal.

MÁS LICENCIADOS EN CIENCIAS SOCIALES

Según los cálculos del Tribunal, la oferta de plazas se concentra fundamentalmente en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, con un 42 por ciento de las plazas, seguida de las Técnicas, con un 29 por ciento. Además, la media de plazas por titulación se sitúa en 125.

Igualmente, detalla que el porcentaje medio de plazas ofertadas de nuevo ingreso que son cubiertas por alumnos de nuevo ingreso es del 62 por ciento de media. Concretamente, refleja que los alumnos matriculados en las universidades objeto de análisis, entre el curso 2003-2004 y el curso 2007-2008, evolucionan con una tasa de reducción del seis por ciento.

Finalmente, cree que las universidades deberían analizar y adecuar la oferta interna a la demanda social de las enseñanzas mediante la asignación eficiente de los recursos necesarios para la provisión de los servicios docentes, teniendo en cuenta, además, la tasa de abandono de los estudios universitarios.