Bruselas avisa a España para que aplique las normas de gestión de residuos nucleares y de impacto medioambiental

Publicado: jueves, 17 mayo 2018 14:09


BRUSELAS, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España para que traspase a su legislación nacional las modificaciones introducidas en la directiva sobre evaluación del impacto medioambiental, y le ha abierto un expediente por no hacer lo propio con las normas de gestión de residuos nucleares.

También Chipre e Irlanda han recibido el dictamen motivado que da dos meses a los países para que actualicen su normativa sobre el impacto medioambiental. Esta directiva tiene como objetivo garantizar que se realiza una evaluación correcta de los "efectos significativos" que los diferentes proyectos puedan tener sobre el entorno natural antes de su aprobación.

Bruselas abrió el procedimiento de infracción contra las autoridades de España, Chipre e Irlanda en julio de 2017. Según la Comisión, las disposiciones que faltan aún no se han incorporado plenamente a las legislaciones nacionales respectivas "debido a que se está revisando la legislación vigente sobre evaluación de impacto".

Si los Gobiernos de los tres países no actúan en el plazo de dos meses tras la recepción del dictamen motivado, estos asuntos podrán remitirse al Tribunal de Justicia de la UE.

En cuanto a la normativa sobre la gestión de los residuos nucleares, Bruselas ha enviado una carta de emplazamiento, que marca el inicio del procedimiento de infracción, a España, Alemania, Bélfica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Grecia, Irlanda, Lituania, Malta, Países bajos, Polonia, Reino unido y Rumanía para que adopten programas nacionales para la gestión del combustible gastado y la política de gestión de los residuos radioactivos.

Esta directiva establece las normas comunes para la gestión "responsable y segura" de este tipo de deshechos y "no imponer cargas indebidas a las generaciones futuras". Ahora, España y el resto de los países expedientados disponen de dos meses para responder a las alegaciones antes de recibir un dictamen motivado.