Enresa solicita al MITECO la titularidad de la central nuclear de Garoña y autorización para iniciar su desmantelamiento

   MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

   La Empresa Estatal de Residuos (ENRESA) ha presentado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la documentación en la que solicita la transferencia de la titularidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), así como la autorización para iniciar la primera fase del desmantelamiento de la planta burgalesa, algo que podría comenzar en 2022 y que tendrá un coste estimado cercano a los 470 millones de euros.

   Una vez recibido el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y previos los dictámenes e informes que correspondan, incluida la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el Ministerio adoptará una resolución.

   Enresa ha informado de que de acuerdo con sus previsiones, la autorización podría ser efectiva en 2022, cuando Nuclenor dejará de ser titular de la planta, y a partir de ahí empezaría a ejecutar de forma material de la primera fase del desmantelamiento.

   La primera fase tendrá una duración de tres años. Lo principal en esta fase será la carga del combustible gastado en contenedores y su traslado desde la piscina al Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la propia central, así como el desmontaje del edificio de turbina para acondicionarlo como edificio auxiliar de desmantelamiento necesario para la ejecución de la segunda fase.

   La ejecución de la segunda fase del desmantelamiento requerirá también de la autorización por parte del MITECO, previo informe favorable del CSN.

   Enresa estima que la segunda fase está prevista para 2025 y tendría una duración de unos siete años. En ella se realizará el desmantelamiento del reactor y del resto de edificios con implicaciones radiológicas. A ello le seguirá las actividades de descontaminación, desclasificación y demolición de edificios, para concluir con la restauración ambiental del emplazamiento.

   De momento, hasta que Enresa reciba la autorización para la primera fase del desmantelamiento y la transferencia de titularidad de la central, continuarán avanzando las actividades preparatorias (fase de transición).

   La empresa estatal y el aún titular de Santa María de Garoña, Nuclenor, concluyeron recientemente la caracterización radiológica del edificio de turbina, y están cerca de terminar de poner fuera de servicio los sistemas no necesarios para el desmantelamiento.

   Asimismo, informa de que próximamente se iniciarán las actividades relacionadas para eliminar riesgos convencionales, la descontaminación de sistemas y la adaptación de las instalaciones auxiliares a las necesidades del desmantelamiento, así como la carga de los primeros cinco contenedores de combustible gastado y su traslado al ATI.

   El coste total estimado para las actividades contempladas en todas las fases mencionadas es de unos 468 millones de euros, que procederán del Fondo para la Financiación para actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, que gestiona Enresa y que se nutre de la prestación que satisfacen los titulares de las centrales nucleares en explotación.

   En esta cantidad no se incluye el coste ya incurrido de construcción del ATI ni tampoco los contenedores para el combustible gastado.

   En el marco de la Estrategia de Transición Justa y de sus convenios de transición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Enresa facilitará la actividad económica y la creación de empleo en el entorno de la central, en colaboración con los Ayuntamientos y los agentes sociales y económicos provinciales y regionales, con sujeción a la Ley de Contratos del Sector Público y desde el respeto a los principios de transparencia y no discriminación.

   La central nuclear de Santa María de Garoña, con una potencia eléctrica de 466 MW, se inauguró en 1971 y cesó la generación de electricidad en diciembre de 2012. Por orden del entonces Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital se le denegó definitivamente la renovación de su autorización de explotación en agosto de 2017.