ERC, Unidos Podemos, Compromís y PDeCAT piden al Tribunal de Cuentas investigar los sobrecostes del proyecto Castor

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Diputados y senadores de Esquerra republicana (ERC), Unidos Podemos, Compromís y Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) han presentado este miércoles 21 de junio en el Tribunal de Cuentas de Madrid, junto a la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sènia, una solicitud formal en la que piden que se abra una investigación por los sobrecostes del proyecto Castor de almacenamiento de gas natural, y en la que exigen a la Administración responsabilidades.

Así lo ha asegurado la portavoz de la Plataforma, Cristina Reverte, que ha atendido a los medios antes de la presentación de la solicitud, que considera como un "acto de concienciación" y "reclamación" ciudadana. "Es una lucha más contra un proyecto que creemos es innecesario y que ha puesto en riesgo la seguridad ciudadana", ha señalado Reverte, que afirma que llevan diez años luchando "pacíficamente" por esto.

El documento que han presentado al Tribunal de Cuentas de Madrid declara, según ha afirmado la portavoz, el aumento de costes del proyecto, que al inicio suponían 400 millones de euros, según asegura la portavoz, y después aumentó a 1.700 millones de euros para, finalmente, ascender a más de 4.000 millones.

"No tenemos ninguna transparencia por parte de la Administración, a lo largo de diez años hemos pedido que se expliquen las cosas, que se nos dé la información, porque al final, quien tenemos que pagar las facturas de otros y la responsabilidad de otros, somos la gente de a pie", ha criticado.

Las actividades en el almacén de Castor --situado entre Castellón y Tarragona-- fueron paralizadas en septiembre de 2013 debido a que las inyecciones de gas provocaban terremotos en la zona de Vinaroz (Castellón). Un año después, en octubre de 2014, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que acordaba el cierre de las instalaciones.

El Gobierno también acordó que el Gobierno indemnizaría con 1.350 millones de euros a Escal UGS --participada por el grupo ACS--, la empresa concesionaria de la explotación del almacenamiento subterráneo de gas Castor, por su cierre.

Pero el importe sería abonado por Enagás transporte, lo que según advirtió OCU, repercutiría en los consumidores, los cuales acabarían pagando en su factura de gas durante los próximos 30 años esa cantidad, más un interés del 4,27% anual, lo que elevaría el importe final pagado por los consumidores de gas a 4.731 millones.

COMISIONES DE INVESTIGACIÓN, EN TRÁMITES

Los diputados y senadores que apoyan a la Plataforma también han pedido responsabilidades al Gobierno y que se inicie una investigación. Por su parte, el alcalde de Alcanar (Tarragona), Alfons Montserrat, de ERC, ha exigido "transparencia, claridad, e información" sobre Castor porque, a su juicio, "es la mejor manera de que hechos como este no vuelvan a repetirse". Montserrat ha calificado de "deplorables" las indemnizaciones acordadas por el Gobierno por su cierre y ha recordado que este almacén "ha puesto en peligro todo un territorio con alrededor de 500 movimientos sísmicos". Por su parte, el senador de ERC, Miguel Aubà, ha reclamado "que pague quien haya cometido el problema" y ha expresado su apoyo a la plataforma.

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha asegurado a los medios que este proceso contra Castor se ha materializado en la petición para la creación de comisiones de investigación tanto en el Congreso como en el Senado y que actualmente se hallan en trámite.

Precisamente, Navarrete ha afirmado a Europa Press que el próximo pleno del Senado debatirá previsiblemente la constitución de una Comisión de Investigación sobre Castor.

Navarrete ha señalado que, en caso de aprobarse estas comisiones, se abordarían cuestiones como los motivos por los que no se hicieron los estudios de impacto medioambientales necesarios que exigía la ley, el aumento del gasto del proyecto, el motivo por el que las indemnizaciones del Gobierno repercuten en los usuarios del gas o quién dio la orden de inyectar más gas del que era capaz la infraestructura con una velocidad superior a la recomendada por los técnicos, entre otros temas.