MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ingeniero en física nuclear y director del laboratorio independiente francés de medición radiactiva CRIIRAD, Bruno Chareyron, ha alertado este lunes 25 de septiembre de que las explotaciones de uranio disparan la radiación hasta 5.000 veces por encima de lo normal en lugares del mundo tan dispersos como Francia, Nigeria, Gabón, Namibia, Malawi y Brasil, y ha pedido parar la proyectada en Retortillo-Santidad (Salamanca).
Así lo ha expresado Chareyron en una rueda de prensa conjunta en Madrid con Ecologistas en Acción, Greenpeace, la plataforma Stop Uranio y la ONG nigeriana Aghirin'Man, en la que ha asegurado que las "compañías no tienen una solución para garantizar la protección del medio ambiente y las personas" ante este tipo de explotaciones.
Según ha explicado el ingeniero, "aún hoy en día se encuentra radiación en las plantas que crecen a 30 kilómetros de alguna de las antiguas minas de uranio de Francia", al tiempo que ha destacado la importancia de que la "gente tenga conciencia de los riesgos" que suponen este tipo de explotaciones.
Por su parte, el presidente de la ONG nigeriana Aghirin'Man, Almoustapha Alhacen, ha explicado que su país "está contaminado por la radiación" desde los años 60, cuando las empresas comenzaron a extraer el uranio que guardan sus suelos, que ya alcanzan las 140.000 toneladas de este combustible nuclear.
"Tres de cada cuatro bombillas en Francia se encienden con el uranio nigeriano, pero en Nigeria no tenemos luz en muchos barrios y colegios", ha lamentado Alhacen, al tiempo que ha asegurado haber "constatado muertes de personas y animales por la radiación".
En este sentido, ha señalado que las mediciones de CRIIRAD en su país han desvelado que muchos materiales contaminados se han utilizado para la construcción de carreteras y hasta para utensilios del hogar. "La carretera de enfrente de un hospital donde hay una mina de uranio tiene hasta 100 veces más radiación de lo normal", ha incidido.
"Mientras se financia la búsqueda de otros planetas, no nos damos cuenta de que donde hay que invertir es en cuidar nuestra propia tierra", ha concluido.
La responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha subrayado que los residuos "no sólo atañen a la extracción, sino que también se generan después con la energía nuclear y no se sabe que hacer con ellos" y que, los casos de Nigeria o Francia, "no son distintos a lo que va a ocurrir en Salamanca".
LA MINA DE URANIO EN RETORTILLO "NO VALDRÍA PARA ABASTECER A EUROPA"
Con estos precedentes, el portavoz de la plataforma Stop Uranio, José Ramón Barrueco, ha señalado que la mina de uranio de Salamanca produciría hasta 8.500 toneladas de oxido de uranio, "que no valen para abastecer" a las centrales nucleares europeas y ha señalado que la empresa concesionaria está "comprando voluntades" en la zona a través de "publicidad en medios de comunicación y patrocinios".
Mientras tanto, el portavoz de Ecologistas en Acción y coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear, Francisco Castejón, ha explicado que, además de todo el proceso legal que se está llevando a cabo para frenar la puesta en marcha de la mina, "el asunto transfronterizo es clave" porque Portugal "no ha sido consultado al respecto, y se encuentra muy cerca de la zona afectada".
En esta línea, ha señalado que ya están en contacto con la comisión de medio ambiente y ordenación del territorio del Parlamento portugués, que visitarán la zona y "lanzarán un procedimiento internacional" ante la Unión Europea.
Por el momento, la empresa concesionaria necesita un último proceso para poner en marcha la mina que, según los detractores, atañe a una información que la compañía tiene que enviar al Consejo de Seguridad Nacional (CSN), "pero no lo hacen, porque solo quieren garantizarse unas reservas de uranio para el futuro, para que en el caso de que este mineral suba de precio pueda generar beneficios a sus accionistas", según ha aseverado Castejón.
Stop Uranio ha asegurado que la Administración autonómica tiene dos meses para adoptar una decisión en relación a la resolución del procurador del Común, que ha pedido otra Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y tres meses para resolver el recurso presentado por la plataforma. "Difícil tesitura, pues si no acepta los fundamentos legales del Procurador nos veremos en los tribunales", han concluido.