García Tejerina, "orgullosa" de la política "bien orientada" en materia de saneamiento y depuración de agua

   MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que el Gobierno está "orgulloso" de la política de agua "sólida" y "bien orientada" para cumplir los objetivos nacionales de saneamiento y depuración de aguas residuales a pesar de que esta competencia es de carácter municipal tras años de "abandono".

   Así ha respondido la ministra a una interpelación del diputado de Unidos-Podemos-En Común Podem - En marea Pedro Arrojo en el pleno del Congreso de los Diputados que ha acusado al Gobierno de mala gestión y de favorecer el "oscurantismo" y la "corrupción galopante" de multinacionales a las que ha acusado de asociación ilícita para delinquir y especialmente en lo que respecta a las Sociedades Estatales del Agua, como Acuamed.

   Arrojo ha valorado el éxito colectivo en España donde se garantiza el agua potable "a ricos y a pobres" y se ha referido a casos de corrupción como Pokemon, "la punta del iceberg" que afecta a grandes multinacionales como Acuagest, que "no es una manzana podrida, sino una trama de delincuencia".

   El diputado ha acusado directamente al exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Miguel Arias Cañete de "incentivar" la corrupción a través de las sociedades estatales del agua con la excusa de "nuevas y creativas formas de gestión del agua" y que han llevado a "oscurecer la gestión de la inversión pública" algo que ha desembocado, en su opinión, en corrupción y en "esconder masivamente deuda pública irrecuperable".

   En lo que respecta a Tejerina, le achaca una "responsabilidad política evidente" porque "toda" su cúpula estaba implicada en la "trama" y la acusa de seguir persiguiendo a las ingenieras que denunciaron estas "prácticas ilegales" que se producían en ACUAMED, "en vez de reconocer que fueron las heroínas contra la corrupción".

   En definitiva, el diputado le ha preguntado a la ministra las medidas y estrategias para combatir y acabar "con la pléyade de casos de corrupción vinculados a la privatización de las sociedades estatales del agua".

   A este respecto, la ministra ha recordado al diputado que el Gobierno no tiene competencia en materia de depuración pero que está "plenamente comprometido" y da apoyo a municipios y comunidades autónomas.

   Tejerina ha defendido que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno la política de agua y el saneamiento y la depuración estaban en una "situación de abandono" y con déficit en el tratamiento de aguas residuales y a final de 2012, España ya contaba con tres expedientes sancionadores por incumplir la Directiva Europea.

   Por ello, la ministra ha dicho que el Gobierno está "especialmente orgulloso de los logros alcanzados desde 2012 en un recurso que estaba abandonado" y asegura que para el Ejecutivo es "imprescindible" plantear una política del agua "rigurosa" y que cumpla con la Directiva Europea, al tiempo que está "comprometido" con el derecho humano del agua y con la cooperación en esta materia.

   La ministra ha expresado su sorpresa por la petición del diputado "por lo escueta" y por la "ausencia de fundamentación" al tiempo que ha recordado que el Estado "solo" ejecuta actuaciones de abastecimiento y depuración si previamente se han declarado esas obras de interés general.

   En este contexto, ha explicado las actuaciones incluidas en planes hidrológicos los 1.100 millones de euros del Plan CRECE hasta 2020 para cumplir con la Directiva de tratamiento de aguas residuales y calidad del agua y ha repasado las actuaciones, obras, inversiones realizadas en la legislatura que comenzó en 2012.

   García Tejerina ha defendido que para poner en marcha "todos estos" proyectos de interés general el Ministerio ha recurrido "a todos los instrumentos a su alcance", como la Dirección General del Agua, las Confederaciones hidrográficas y las Sociedades Estatales de Agua.

GARANTIZAR LA GESTIÓN ÓPTIMA

   Al mismo tiempo, ha dicho al diputado que el agua es un bien público por lo que la obligación del Gobierno es garantizar que su gestión se lleva a cabo "con todas las garantías para los ciudadanos y con criterios de eficacia y eficiencia". "Esa es nuestra obligación con los ciudadanos, la mayor prueba para de respeto hacia ellos, ofrecer la prestación adecuada de un servicio garantizando el mejor uso de los recursos", ha apostillado.

   Respecto a las acusaciones de corrupción respecto al caso de Acuamed, la ministra ha defendido que se ha reforzado las garantías en todos los ámbitos del Ministerio incluidas las sociedades estatales del agua con la puesta en marcha en agosto de 2012 de instrucciones técnicas de contratación para todos los organismos que dependen del ministerio.

   Según ha añadido, estos criterios son "enormemente estrictos", respecto a los criterios de valoración de ofertas, en precio, técnicos y de carácter subjetivo, lo que ha supuesto "una enorme reducción de la discrecionalidad con la que se podía operar con anterioridad a 2012", de modo que se ha aumentado el nivel de control, transparencia, objetividad, legalidad y concurrencia, que ahora son "muy superiores".

   "Este Gobierno ya ha actuado", ha apostillado la ministra que ha afeado al diputado de Unidos Podemos las "falsedades emitidas en el estrado", al tiempo que le ha emplazado a poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos que considere que pueden ser susceptibles de delito, como su departamento hizo, "hasta en cuatro ocasiones", cuando tuvo conocimiento de las actuaciones presuntamente delictivas que se estaban produciendo en la sociedad estatal Acuamed.

   Igualmente, ha relatado las actuaciones ejecutadas por su departamento entonces, como el cese "fulminante" del director general de Acuamed, solicitar al juez que la Abogacía del Estado se pudiera personar, iniciar una investigación interna de toda la contratación incluidos los modificados y complementaros que se hayan hecho en el Ministerio o todos sus organismos o sociedades con grandes grupos empresariales o una auditoría.

   Finalmente, ha negado que Arias Cañete crease estas empresas públicas y ha afirmado que 15 de las 17 obras sospechosas habían sido adjudicadas por un Gobierno socialista sin que haya "ni un solo alto cargo" del Ministerio actual investigado, sino de tiempos de las ministras Cristina Narbona y Rosa Aguilar.