Andalucía, Castilla y León y Cantabria serán las CCAA con mayor asignación
MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha autorizado destinar 90 millones de euros a la restauración ambiental de zonas degradadas por la minería donde acometerá 89 actuaciones de rehabilitación con las que se eliminarán focos de contaminación en estos enclaves, que se naturalizarán y transformarán en sumideros de carbono.
El plan, aprobado a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), repartirá 90 millones de euros a las comunidades autónomas entre 2022, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El acuerdo recoge los criterios de reparto y la distribución territorial de las ayudas para recuperar áreas degradadas por la minería en el pasado. Según el MITECO, las actuaciones reducirán el riesgo para las poblaciones cercanas y la vida silvestre, al eliminar focos de contaminación, y naturalizando y transformando en sumideros naturales de carbono las áreas restauradas.
En concreto, el plan prioriza a las instalaciones mineras clausuradas y peligrosas recogidas en el inventario creado con el Real Decreto 975/2009, y a aquellas actuaciones que puedan lograr un 50 por ciento de ejecución de los fondos adjudicados antes de junio de 2023.
El acuerdo fue presentado en la Comisión Sectorial del pasado 13 de mayo sin objeciones por parte de ninguna comunidad autónoma y ahora se someterá a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para poder proceder al traspaso de fondos.
Por comunidades autónomas, la que más recibirá será Andalucía, con 29,4 millones de euros, seguida por Castilla y León, con 17,1 millones de euros y Cantabria, con 10,8 millones. La Región de Murcia no se incluye en el acuerdo por el trato singular otorgado a las cuencas mineras del entorno del Mar Menor, que recibirán 40 millones, según establece el Real Decreto-ley 27/21.
Los 90 millones de ayuda se añaden a los 698 millones ya trasferidos en 2021 en el marco de la Componente 4 del PRTR, que cuenta con una dotación de 1.642 millones para lograr un buen estado de conservación de los ecosistemas mediante la restauración ecológica y a revertir la pérdida de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos.
En concreto, el acuerdo se compromete a rehabilitar al menos el 50 por ciento de los 20 emplazamientos mineros antes de julio de 2023 y llegar a finalizar la restauración de, al menos, 30 antiguos emplazamientos mineros antes de julio de 2026, incluyendo la descontaminación del suelo, la recuperación de la morfología y la restauración y naturalización.