Greenpeace pide el fin de las subvenciones al carbón en España con una transición "justa"

   MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Greenpeace ha denunciado en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de Marrakech (Marruecos) que España no está realizando una transición justa del carbón, por lo que está "abandonando" a los trabajadores del sector y al medio ambiente, y reclama el fin de las subvenciones a las energías "sucias e ineficientes" por "responsabilidad" y "coherencia".

   La ONG ha reclamado también al Gobierno de España un plan con fecha de cierre progresivo hasta el año 2025 de las térmicas de carbón en España, que incluya como elementos "ineludibles" un plan para el descenso paulatino del uso del carbón y la transformación justa para todos los trabajadores del sector en el marco de un pacto por la energía.

   En un evento organizado en la COP22 por la Confederación europea de sindicatos y la Organización Internacional del Trabajo, la ONG ha presentado el informe 'Más allá del carbón. Alternativas sostenibles para el futuro de las cuencas mineras. Estudio de caso: El desarrollo alternativo de la cuenca minera de Teruel'.

   El trabajo analiza el fin del uso del carbón para producción eléctrica de un trabajo en el que por primera vez se analiza, con un caso de estudio concreto, el fin del uso de carbón para producir electricidad en España y que presenta alternativas de empleo para las personas de las cuencas mineras que viven de este sector.

   En este contexto, la ONG refleja que la UE obliga a cerrar en 2018 la minería del carbón y para ello se han recibido ayudas para el cierre y la reconversión del sector, sin embargo, advierte de que España "apenas ha abordado el problema".

   Si bien, insiste en que la quema del carbón para obtener electricidad es la principal causa del cambio climático y que "debe terminar" para que la temperatura global del planeta no suba por encima de 1,5 grados centígrados.

   El informe, elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO y la consultora Abay Analistas Económicos, aborda una cuestión sobre la que, según Greenpeace, ni las administraciones ni las empresas quieren hablar abiertamente: el fin del carbón y la necesidad de buscar alternativas sostenibles para el empleo.

   Si España no cierra las minas en 2018 deberá devolver las ayudas recibidas para la reconversión del sector, pero la ONG considera que mientras corre el tiempo, no se ha actuado de forma "convincente" en este ámbito.

   En este contexto, recuerda que desde los años 70 del siglo pasado se han invertido "miles de millones de euros en los programas de ayuda al sector", pero con una "falta absoluta de transparencia y de control administrativo" sobre el destino de estos fondos.

   La responsable de energía y cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, que ha presentado el estudio en Marrakech, ha denunciado que "ni las empresas mineras y eléctricas ni las administraciones implicadas han querido afrontar seriamente este problema durante años y ahora se ha convertido en una patata caliente que nadie quiere coger".

   Asimismo, Nuño considera que las empresas tienen una "especial responsabilidad" porque juegan con las esperanzas de los trabajadores al hacer depender de subvenciones públicas la continuidad de un sector que saben "no tiene futuro".

TERUEL

   El informe repasa la situación de la minería del carbón en España, su marco legal y los aspectos comunes de todas las cuencas mineras y recopila otros casos internacionales de reconversión "justa y sostenible" con el objetivo de demostrar que terminar con el carbón "es posible".

   Si bien, analiza en particular el caso de la comarca minera de Andorra en Teruel, una de las comarcas con "más retos sociales" pues la zona depende también de una gran central térmica de Endesa. La cuenca dispone de importantes reservas de lignito, un carbón "especialmente" contaminante.

   El futuro de la central térmica de Andorra no está asegurado más allá de 2020 y de acuerdo a la Directiva europea de emisiones industriales de 2010 para que la central térmica de Andorra (Teruel) continúe su funcionamiento deberá implantar tecnología de reducción de emisiones de gases SOx y NOx antes del 30 de junio de 2020, aunque Enel-Endesa aún calla sobre si invertirá en las mejoras ambiental necesarias, valoradas en 230 millones de euros.

   En este contexto, recuerda a Endesa y a la comarca minera de Samca que "se han beneficiado" durante años de las ayudas, que tienen capacidad de buscar alternativas sostenibles de empleo para la zona como la inversión en renovables.

   La ONG quiere demostrar las alternativas al carbón y abrir una vía de diálogo entre las partes implicadas para que se aborde la transición del fin del carbón de manera justa con las personas y el medio ambiente.

   "De ninguna manera podemos permitir que se den más ayudas a las eléctricas para que continúen con sus negocios en las energías sucias, somos el país del mundo que más ha aumentado su consumo de carbón entre 2014 y 2015 cuando todos los flujos de financiación deberían estar dirigiéndose a un desarrollo sostenible y sin emisiones", recuerda Nuño.

    Greenpeace destaca además otras conclusiones del informe: Las cuencas mineras tienen una serie de características comunes como el alto nivel de masculinización del sector, el modelo monoindustrial y la obtención de los trabajadores de unos beneficios mayores de los que cualquier otro sector industrial pueda igualar que han dificultado la búsqueda de alternativas económica inclusivas.

   Finalmente, incide en la "necesidad urgente" de un plan de transición justa liderado por un organismo con visión global del conjunto de los planes que tienen incidencia en la zona, posibilidad de interlocución con el nivel nacional y capacidad para movilizar y reasignar fondos públicos y distintas líneas de financiación.