La ley de residuos añade nuevas tasas de residuos y la posibilidad de prohibir fumar en playas a su paso por el Congreso

   MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el dictamen del proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular tras incorporar al texto varias enmiendas que incluyen nuevas tasas a distintos conceptos de residuos, la posibilidad de prohibir fumar en playas o liberar de forma masiva globos al aire, que quedará a decisión de los ayuntamientos.

   Asimismo, entre las novedades incorporadas en el texto normativo, que ahora se remitirá al Senado para continuar con su tramitación legislativa, se ha modificado el propio nombre de la ley para incluir el concepto de economía circular, que se incluye por primera vez en un texto legal tanto en España como a nivel europeo.

   Además, entre las principales novedades, según destaca el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, figura la consideración de ciertas particularidades en las tasas municipales de residuos como la participación en compostaje doméstico o comunitario o las situaciones de familias y personas en riesgo de exclusión social. Por otro lado, establece nuevas obligaciones para los productores a la hora de proporcionar información sobre la posibilidad de reparar los productos eléctricos y electrónicos.

   El texto incorpora también la posibilidad de implantar, siempre a partir de finales de 2023 y tras una evaluación previa, el sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR), una reclamación de algunas ONG y de Unidas Podemos y Más País Verdes-Equo.

   El proyecto de ley revisa también la normativa actual de residuos y suelos contaminados para cumplir con los nuevos objetivos establecidos en las directivas comunitarias de residuos, así como con los derivados de la directiva de plásticos de un solo uso.

   Para el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico el texto que sale del Congreso de los Diputados es una de las principales piezas legislativas para impulsar la economía circular en España y ha sido incluido como una de las reformas estructurales del Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

   La norma incluye objetivos como la reducción del peso de los residuos producidos de un 13 por ciento en 2025 y de un 15 por ciento en 2025 respecto a los generados en 2010.

   El texto prohíbe la destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos, como textiles, juguetes y aparatos eléctricos, entre otros, que deberán preferentemente destinarse a reutilización y reciclado.

   Para reducir el consumo de envases, en los establecimientos de hostelería y restauración tendrá que ofrecer a los clientes la posibilidad de consumo de agua de grifo gratuita y las administraciones públicas deberán adoptar medidas necesarias para reducir el consumo de agua embotellada en sus dependencias y en otros espacios públicos.

   También se implantará la recogida separada de residuos para su valorización además de los que las fracciones actuales como son papel, metales, plástico o vidrio. A partir de julio de 2022 se incluirán la recogida separada de biorresiduos domésticos en municipios de más de 5.000 habitantes y, a partir de 2024 en el resto de municipios. Desde 2025 también habrá que recoger de manera separada los residuos textiles, aceite de cocina usado, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos a partir de 2025.

   Los residuos de construcción y demolición deberán clasificarse por materiales, preferentemente en el origen a partir de 2022, y la demolición deberá ser selectiva a partir de 2024.

   Asimismo, fija objetivos más ambiciosos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales: un incremento del 5% cada cinco años hasta alcanzar el 65% en 2035, estableciendo porcentajes específicos de preparación para la reutilización, dentro de cada uno de esos objetivos, siendo del 15% en 2035.

   En el ámbito de los plásticos, se han introducido limitaciones a estos productos, con medidas que van desde objetivos de reducción, requisitos de diseño o de marcado, hasta la restricción de la introducción en el mercado de algunos de ellos y el establecimiento de un impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables para avanzar en la prevención de sus residuos.

   Por otro lado, queda prohibida la introducción en el mercado de productos de plástico como pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos, cualquier producto hecho con plástico oxodegradable, así como las microesferas de plástico de menos de 5 milímetros.

   Entre los productos de plástico de un solo uso sujetos a reducción están los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los recipientes alimentarios destinados al consumo inmediato, cuya comercialización ha de reducirse un 50% en 2026 y un 70% para 2030, respecto a 2022 en ambos casos.

   Para cumplir con estos objetivos, se habrá de fomentar el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico.

   Desde el 1 de enero de 2023 queda prohibida su distribución gratuita y deberá cobrarse un precio por cada uno de los productos de plástico que se entreguen al consumidor.

NUEVOS IMPUESTOS

   Para fomentar la economía circular, se incluyen dos nuevos impuestos, uno sobre los envases de plástico no reutilizables y un impuesto a la incineración, coincineración y al depósito de residuos en vertedero, así como la obligación para las entidades locales en el plazo de 3 años de desarrollar una tasa o prestación patrimonial de carácter pública no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria asociada a los servicios de gestión de residuos que prestan. No obstante, la aplicación de estas figuras expositivas se aplazará hasta 2023.

   En cuanto a la responsabilidad ampliada del productor del residuo, la propuesta normativa revisa la regulación marco en coherencia con la normativa comunitaria y recoge las obligaciones que se pueden imponer a los productores. Entre ellas figura el sistema de depósito, devolución y retorno, y define las partidas de gestión de residuos que deben financiar los productores y los mecanismos de control para los sistemas individuales y colectivos que se creen.

   También se prevé la regulación de regímenes de responsabilidad ampliada en 2025 para productos como las toallitas, los globos, los productos del tabaco y sus filtros o las artes de pesca.

   Entre otras particularidades del proyecto que seguirá su tramitación en el Senado, los residuos municipales deberán alcanzar el 50 por ciento de recogida separada en 2035. Mientras, los biorresiduos deberán tener como máximo un porcentaje de impropios del 20% en 2022 y 15% en 2027, avanzando hacia modelos más eficientes como el puerta a puerta o la recogida en contenedores cerrados o inteligentes.