MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha licitado la contratación de servicios del plan de riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Júcar-Fase I, y del Guadiana 5.865.591 euros, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En concreto, el MAPAMA destinará 3.020.960 euros para el Júcar-Fase I y 2.844.631 euros para el Guadiana. Los trabajos se tendrán que ejecutar en un plazo de 24 meses en sendas cuencas y su objetivo es impulsar la implantación y seguimiento del plan de gestión del riesgo de inundación y revisar la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de la cuenca.
Según expone el BOE, con estas tareas se cumplirá con lo previsto en la Directiva de Inundaciones y lo recogido en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que obliga a elaborar una nueva cartografía de zonas inundables, basándose en la revisión de los estudios hidrológicos existentes y en los nuevos trabajos de prevención.
El objetivo, según añade el MAPAMA es lograr una propuesta definitiva de las áreas con riesgo potencial significativo de inundación y facilitar la constante actualización del Informe a la Comisión Europea.
En concreto, se realizarán los trabajos de recopilación y análisis de la información disponible y en particular la relativa a la incidencia del cambio climático en el riesgo de inundación y a la transformación del territorio, debido a la ejecución de infraestructuras y el desarrollo urbanístico.
Asimismo, entre las tareas se revisará la identificación de zonas de riesgo potencial de inundación, a partir de estudios o informes sobre anteriores episodios recientes de inundación, así como la revisión de los tipos de inundación y definición de umbrales de riesgo significativo.
También se identificará los tramos con insuficiente drenaje transversal y se elaborara un inventario de las infraestructuras de defensa existentes.
En definitiva, se tratará de conseguir la propuesta definitiva de áreas con riesgo potencial significativo del segundo ciclo y lograr una adecuada percepción del riesgo de inundación por parte de los ciudadanos, agentes económicos y sociales.