MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
Las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han planteado un decálogo de medidas dirigidas a remediar la emergencia ecológica y la vulnerabilidad social agravada por la guerra en Ucrania, con propuestas dirigidas a garantizar la soberanía alimentaria, el respeto a la biodiversidad y el medio rural.
Este miércoles en rueda de prensa las ONG han presentado su documento 'Frente a la vulnerabilidad social y a la emergencia ecológica: soberanía energética y alimentaria', un texto que ya entregaron la semana pasada a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Consideran que con la guerra de Ucrania se ha agravado la crisis social y los precios de las materias primas, la energía y los alimentos han aumentado, lo que afecta con más gravedad a los más vulnerables, afectados por la COVID-19 y a los sectores específicos como el transporte o el sector primario.
En el acto, las cinco ONG han expresado su solidaridad con las víctimas del conflicto bélico y han reclamado la paz al tiempo que han manifestado que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas han de dedicar sus esfuerzos a paliar la situación.
El decálogo cuestiona el actual modelo de producción y consumo, basado en las energías fósiles y con necesidades crecientes de materiales y energía y destaca que la COVID-19 ha puesto de manifiesto las "estrechas interrelaciones" entre la protección del medio ambiente, la salud y la supervivencia de la humanidad.
A su juicio, las soberanías alimentaria y energética en un marco de conservación de la biodiversidad deben ser los pilares de una hoja de ruta que guíe la respuesta a las preocupantes situaciones generadas por la pandemia o la guerra de Ucrania. Para las ONG esa es la "única ruta posible para frenar otras posibles crisis y conseguir un planeta seguro, sano y rico en los recursos naturales necesarios".
BONO SOCIAL PARA MOVILIDAD Y ENERGÍA
Entre las medidas concretas piden evitar rescatar megaproyectos vinculados al gas fósil que ya estaban descartados o paralizados y que supondrían inversiones. Como alternativa, proponen apostar por ayudas a la movilidad y a la energía para los grupos socioeconómicos más vulnerables y plantean crear un bono social para sufragar los gastos de movilidad, así como una tarifa social de electricidad para familias con rentas bajas y sectores afectados.
Por otro lado, el decálogo propone reforzar los sistemas de transporte público urbano y periurbano; apoyos directos a las empresas municipales de transporte para que refuercen sus servicios y medidas como carriles bus y/o VAO.
Asimismo, ven fundamental acelerar la transición energética para hacer frente a la emergencia climática y no depender de energías que financian la guerra. En ese sentido, piden impulsar un sistema eléctrico eficiente, inteligente, de fuentes cien por cien renovables y que sea democrático para 2030 con prioridad a instalaciones que no amenacen la biodiversidad y el medio rural. Otra medida en este ámbito es el impulso al autoconsumo y las comunidades energéticas y un cambio masivo de calderas de gas por sistemas renovables en los hogares de aquí a 2035.
A nivel político, el decálogo plantea la necesidad de revisar las políticas de precios de la electricidad, que han desvincularse del gas e ir más allá de las medidas transitorias actuales.
En materia de soberanía alimentaria, ven a España como "enormemente vulnerable" por depender de insumos externos provenientes de Ucrania y Rusia. Así, ponen de ejemplo el volumen de importaciones de cereales, aceites o fertilizantes desde Ucrania y Rusia. De ese modo, demandan un plan de transición justa para el sector ganadero que elimine de aquí a 2030 las explotaciones ganaderas industriales, previa moratoria a nuevas instalaciones de este tipo.
Asimismo, apuestan por la producción agroecológica, que minimice el consumo de combustibles fósiles e insumos agrarios y relocalizar la producción y consumo de alimentos. Igualmente piden recuperar al menos un 10% de la superficie agraria para la biodiversidad y promover una dieta sostenible y saludable de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
En cuanto a las medidas para atajar la pérdida de biodiversidad valoran que la salida de la crisis y la guerra de Ucrania no puede dejar de lado las políticas e iniciativas centradas en abordar la crisis climática, la recuperación de la naturaleza y la acción global
Por otro lado, respecto a la financiación las cinco ONG estiman que implantar todas estas medidas exige un compromiso económico a corto, medio y largo plazo con partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado, los fondos agrarios y en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia. A su juicio, es primordial no cargar a la sociedad con más costes y que estos sean soportados por "quienes se han lucrado del modelo basado en combustibles fósiles" como las compañías energéticas y grandes corporaciones del sector agroindustrial.