ONG ambientales proponen al Gobierno y a C-LM un Marco de Actuaciones para el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel

   MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Organizaciones ambientales han pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y a la Junta de Castilla-La Mancha que pongan en marcha un plan marco de actuaciones en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel que incluya un programa de actuaciones urgente, igual que se ha actuado en el Mar Menor o en Doñana.

   Con motivo de la celebración este miércoles del 50 aniversario de la declaración del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (PNTD), Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF advierten de que este enclave se encuentra en un "momento crítico para su futuro como espacio protegido".

   En concreto, observan que la "dramática situación" del Parque, la falta de soluciones eficaces por parte de las distintas administraciones y la falta de acuerdo social sobre la necesidad de abordar un cambio en la gestión de los acuíferos sobreexplotados, hace necesario poner en marcha un Marco de Actuaciones Prioritarias, tal y como se ha hecho en otros espacios naturales protegidos, como Doñana o el Mar Menor.

   Las ONG han remitido un documento con propuestas que incluyen los elementos básicos y los pasos a seguir para llegar a los objetivos de conservación que establece la normativa de parques nacionales, de aguas y de conservación de la Naturaleza de la Unión Europea.

   En su diagnóstico, advierten de que la situación hidrológica de las Tablas está ocasionando "uno de los mayores y más dramáticos descensos en biodiversidad acuática desde su desecación casi total en 2009".

   En la actualidad, apenas 100 hectáreas de las 3.030 hectáreas del Parque Nacional tienen algo de agua, y la fauna del humedal está prácticamente desaparecida, lo que implica que se encuentra de facto en un estado de conservación desfavorable, según la ley de parques nacionales.

   Así, denuncian que a pesar de la "conocida influencia" de los regadíos en la sobreexplotación de los acuíferos del Alto Guadiana, no se han tomado medidas eficaces ni siquiera para empezar a revertir la situación y recuerdan que el nivel de extracciones ilegales sin derechos en el acuífero 23 es de 50.000 hectáreas y 92 hm3, diez veces superior en superficie y cuatro veces en volumen que la extracción de los acuíferos que alimentan al Parque Nacional de Doñana o al Mar Menor.

   A consecuencia de ello, aseguran que el nivel de agua subterránea desciende dos metros al año y que el déficit continuado del acuífero supera los 1.500 hm3.

   Aseguran también que se sigue gastando "mucho más" en medidas agrarias que conllevan un incremento de las superficies de regadío, como las destinadas a reestructuración del viñedo o a la modernización de regadíos y lamentan que, a pesar de los 250 millones de euros en medidas agrarias desde 1994 para reducir la extracción de agua destinada a regadío, no se han conseguido crear cambios estructurales profundos que faciliten el aporte de agua subterránea al humedal y evitar la pérdida de los valores que hacían merecedoras a las Tablas de Daimiel de la calificación de Parque Nacional.

   Por ello, reclaman al Gobierno y a la comunidad autónoma que el marco de actuaciones vaya "bastante más allá" de lo planteado por el plan hidrológico de la demarcación del Guadiana.

   Asimismo, exigen al Gobierno un papel "relevante y coherente" para reducir la superficie de regadío y de las extracciones ilegales utilizando los fondos europeos agrarios y de desarrollo rural y la puesta en marcha de medidas económicas "ambiciosas" para cambiar hacia un modelo productivo no dependiente del agua.

   Finalmente, piden la participación de las organizaciones ecologistas en todo este proceso; aumentar la vigilancia y las sanciones a las extracciones ilegales así como una mayor contundencia y más recursos para terminar con la impunidad en el robo del agua ya que desde 2018 apenas se han clausurado pozos en un 1,07 % de los expedientes sancionadores y que las superficies liberadas apenas representan el 10% del total de superficie ilegal cuantificado por estudios independientes, que se cifra en más de 51.000 ha sólo para el acuífero 23.