ONG piden al Gobierno que la nueva tramitación exprés de los proyectos de renovables excluya zonas con valores naturales

   Exigen que los ajustes por la guerra de Ucrania no arriesguen la naturaleza ni la acción climática

   MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF reclaman al Gobierno que la nueva tramitación 'exprés' de proyectos de renovables --en el marco del Plan de Choque contra el efecto de la guerra de Ucrania-- solo pueda aplicarse a zonas urbanizadas, urbanizables o suelos industriales y excluya las áreas naturales donde el impacto pueda ser irreversible.

   Así, instan al Ejecutivo a que el Plan de Choque ante el impacto de la guerra en Ucrania no arriesgue la conservación de la naturaleza ni la lucha contra el cambio climático y reclaman que la tramitación de los proyectos de energías renovables cumplan todas las garantías para evitar el impacto ambiental de estas instalaciones.

   En un comunicado conjunto, las cinco ONG admiten que es necesario agilizar la tramitación de los proyectos de energías renovables en España, pero en las zonas donde sea posible asegurar que el impacto de estas no es adverso, como por ejemplo en las zonas urbanizadas, urbanizables o industriales.

   Pero ven "imprescindible" que el "nuevo procedimiento exprés" para aprobar plantas renovables aprobado por el Gobierno no se aplique sobre áreas donde los impactos para la naturaleza pueden ser críticos e irreversibles.

   En concreto, reclaman que este procedimiento rápido se limite en todo caso a zonas de "baja sensibilidad ambiental" que estén fuera de espacios naturales protegidos y de zonas de alto valor ecológico como humedales recogidos en el inventario nacional y Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA, por sus siglas en inglés), entre otras.

   Asimismo, recuerdan que se debe garantizar la posibilidad de participación ciudadana desde el inicio de los procedimientos de evaluación ambiental, según marca la normativa de la Unión Europea y el Convenio de Aarhus.

   Las ONG están preocupadas por la falta de garantías que puede conllevar el procedimiento de tramitación abreviado para autorizar determinadas plantas renovables (fotovoltaicas de hasta 150 MW y eólicas de hasta 75 MW, ubicadas en tierra, en áreas de sensibilidad ambiental baja y moderada identificadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y fuera de las áreas de la Red Natura 2000, que recoge el Real Decreto-ley 6/2022 por el que se regulan medidas urgentes del plan de choque frente a la guerra de Ucrania y cuya convalidación será debatida próximamente en el Congreso de los Diputados.

   En ese sentido, alertan de que en la redacción actual del Real Decreto, el nuevo procedimiento permitirá a la Administración determinar, sin participación ciudadana, si una determinada planta de generación de electricidad renovable necesita pasar por Evaluación de Impacto Ambiental (tal y como debería hacer en caso de tramitación normal) o no (en el caso de que reciba informe de determinación de afección ambiental favorable) para aquellas plantas que se encuentren en las zonas de baja y moderada sensibilidad ambiental identificadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

   De acuerdo con eso, las organizaciones denuncian que se abriría potencialmente la puerta a autorizar proyectos con "alto impacto ambiental sin las garantías mínimas", tanto de consulta pública como de evaluación de impacto ambiental, algo especialmente relevante en las zonas de sensibilidad moderada, que incluyen hábitats de interés comunitario o zonas críticas para la conservación de especies tan amenazadas como el águila imperial ibérica, el urogallo cantábrico o especies agroesteparias en grave declive como el sisón y la codorniz común, entre otras.

   La consecuencia de mantenerse el texto según está redactado será que se facilitará la destrucción de este tipo de espacios, ya muy amenazados y, por otro lado, subrayan que el nuevo procedimiento elimina la participación ciudadana lo que puede contravenir la normativa de impacto ambiental de la Unión Europea y el Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, del que España es parte.

   A ese respecto, alertan de que se podrían aprobar proyectos con potencial impacto ambiental y que pueden conllevar la expropiación forzosa de terrenos sin las suficientes garantías de procedimiento y sin dar la palabra a personas y comunidades afectadas.

   Por ello, reclaman una modificación inmediata del Real Decreto-ley 6/2022 para evitar que el más que necesario despliegue renovable se convierta, de facto, en un motor de pérdida de naturaleza del país. En su opinión, estos ajustes deben ser incluirse en un nuevo Real Decreto-Ley porque postergar su inclusión a una hipotética tramitación como proyecto de ley supone "un riesgo excesivamente elevado".

   En este contexto, cuestionan el nuevo procedimiento rápido porque consideran que agravará un problema ambiental de primer orden que puede obstaculizar "seriamente" el avance de España en la lucha contra el cambio climático.

   Por último, urgen a acelerar el "inexcusable" abandono de los combustibles fósiles y de la nuclear y a apostar por el ahorro, la eficiencia y las energías renovables bajo un desarrollo compatible con la conservación del patrimonio natural.