Organizaciones ecologistas culpan a los gobiernos de Madrid y Barcelona la denucia de Bruselas por la calidad del aire

   MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Las asociaciones Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF y Amigos de la Tierra han responsabilizado a los gobiernos de Madrid y Barcelona de la decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por incumplir los niveles de calidad del aire.

   Las ONG Greenpeace y Ecologistas en Acción recuerdan que, pese a que la Directiva sobre calidad del aire entró en vigor en 2010, Madrid no implantó su Protocolo Anticontaminación hasta 2015 y Barcelona no lo hizo hasta 2017, además de que la zona de bajas emisiones (ZBE) de Madrid Central, anunciada en 2014, no vio la luz hasta finales de 2018, mientras que la ZBE de Barcelona no entrará en vigor hasta enero de 2020.

   Concretamente, el responsable de Movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández, ha afirmado que ya advirtieron de que "la incertidumbre generada por el Ayuntamiento de Madrid, que llegó al poder prometiendo acabar con Madrid Central, podría acarrear graves sanciones de Bruselas".

   Fernández considera que los recientes hechos "han minado la confianza de los comisarios europeos, quienes no se fían de un Ayuntamiento que todavía no ha presentado un plan alternativo". Greenpeace recuerda que España se enfrenta a una multa que puede alcanzar los 1.600 millones de euros.

   También desde Ecologistas en Acción opinan que "la gota que ha colmado el vaso ha sido el intento, frenado por los tribunales, de dejar sin efecto Madrid Central mediante la suspensión del sistema de multas".

   "Los gobiernos del PP siempre se esforzaron en minimizar y banalizar el tremendo problema de salud pública que supone la mala calidad del aire (la contaminación por dióxido de nitrógeno, generado sobre todo por el tráfico, mata en España a 8.900 personas cada año, según la OMS). La hemeroteca está plagada de declaraciones en este sentido, como las de Ana Botella afirmando que 'el paro asfixia más que la contaminación'", aseguran.

   Para la organización los políticos que "tratan de eximirse de responsabilidad ante esta denuncia europea son los mismos que han pecado de inacción ante la contaminación o de boicotear los únicos intentos serios para solucionar este grave problema de salud pública".

WWF: INCUMPLIMIENTO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL

   Mientras, desde WWF resaltan que la denuncia se debe al incumplimiento reiterado de los diferentes gobiernos tanto a nivel local como a nivel nacional. "La contaminación del aire nunca ha sido una prioridad para el Gobierno", ha lamentado en declaraciones a Europa Press el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo.

   Del Olmo lamenta que este incumplimiento "no sólo solo incide en el tema medioambiental, sino también en la salud pública". "Evidentemente la responsabilidad es de todos los que han mirado para otro lado y se han ido pasando la pelota porque nadie ha querido empezar a tomar medidas serias. Al final el problema de la contaminación nunca ha sido un tema prioritario hasta que la sociedad ha empezado a tomar conciencia y los ciudadanos se han empezado a movilizar pues no ha empezado a tener relevancia", ha asegurado.

   En todo caso, Del Olmo ha reconocido que en los últimos años los gobiernos de Madrid y Barcelona son "los pocos de los que han empezado a tomar medidas más en serio" y ha señalado que se han tomado medidas "tímidas e insuficientes", pero que con Madrid Central "ha habido un compromiso político en abordar el tema".

   En la misma línea, la cordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, apunta que la denuncia era "perfectamente previsibile" ya que se lleva incumpliendo los límites de contaminación, particularmente de NO2 desde hace dos años.

   "Es evidentemente irresponsable anular Madrid Central tan recientemente ya que ha dado señales muy negativas a Bruselas sobre el compromiso de España con la calidad del aire, con el medio ambiente y con la salud de la ciudadanía", añade.

   De ese modo, Ruibal asegura, en declaraciones a Europa Press, que hay que tener en cuenta "las señales simbólicas que España ha enviado a Bruselas y a Europa, porque establecer el plan de Madrid Central y meses después levantar su puesta en marcha, indica la falta de compromiso con solucionar este problema", concluye.