PACMA pide al Defensor que interponga recurso de inconstitucionalidad por la "chapuza" de ley de bienestar animal

Archivo - Dos perros de caza durante una manifestación convocada por la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, a 6 de mayo de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Esta concentración reivindica un reconocimiento a la función social q
Archivo - Dos perros de caza durante una manifestación convocada por la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, a 6 de mayo de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Esta concentración reivindica un reconocimiento a la función social q - Jorge Gil - Europa Press - Archivo
Publicado: viernes, 23 junio 2023 18:13

   MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Partido Animalista ha solicitado por carta al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad por la exclusión de los perros de caza en la Ley de Protección Animal que cuenta con "varias chapuzas". "No se puede legislar peor", asegura la formación política.

   Dado que el PACMA no tiene legitimación para poder presentar directamente un recurso ante el Tribunal Constitucional, ha solicitado la interposición al Defensor del Pueblo para que los perros de caza y guarda de ganado no queden fuera de la protección de la citada ley.

   Así, basa su petición al Defensor en el incumplimiento de hasta tres preceptos constitucionales que fundamenta en una carta de más de 35 páginas en las que recuerda que en noviembre de 2022 el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció que los perros de caza y guarda de ganado tendrían una consideración especial y de que en la Estrategia Nacional de Caza, aprobada en el mes de marzo de 2022, se previera una normativa específica, el texto de la Ley de Protección Animal sometido a audiencia pública con posterioridad no excluía a estos animales de su ámbito de aplicación.

   Para el PACMA esa fue una "estrategia premeditada para excluir a la ciudadanía" pues tampoco se excluyo a dichos canes en el proyecto de ley aprobado en agosto de 2022 por el Consejo de Ministros, donde 17 de los 22 ministros eran del PSOE.

   "El Gobierno esperó premeditadamente a que el Proyecto de Ley estuviera registrado en el Congreso, fuera del alcance de la ciudadanía, impidiendo así que entidades y particulares dedicados a la defensa de los animales pudieran realizar cualquier tipo de alegación u ofensiva contra la exclusión de los perros de caza", critica la formación política.

   Además de acusar al PSOE, también asegura que Unidas Podemos como parte del Gobierno conocía "de primera mano" la previsión de que se había aprobado una normativa específica para los perros de caza en la Estrategia Nacional de la Caza.

   Por ello, culpa a Unidas Podemos de hacer "postureo" en esta cuestión y asegura que esto se hace "evidente" cuando el director general de Derechos de los Animales se comprometió a tumbar el Proyecto de Ley antes de que se aprobara excluyendo a los perros de caza, pero Unidas Podemos, no solo no tumbó el Proyecto, sino que votó a favor del mismo, excluyendo a los perros de caza".

   Asimismo, el PACMA considera que se vulneró el derecho fundamental a la igualdad porque el hecho de que no se contemplase excluir a los perros de caza y animales de trabajo en el anteproyecto de ley que se sometió a audiencia pública en marzo de 2022 vulnera el articulo 105 de la Constitución que garantiza el derecho de audiencia de los ciudadanos en la elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

   Para el PACMA esto afecta directamente a las protectoras de animales que son "las que recogen y acogen" a cientos de perros desechados y abandonados por los cazadores".

   Igualmente, basa sus alegaciones de inconstitucionalidad por esta exclusión porque asegura que se incumple el derecho a la igualdad ya que se "privilegia" a los propietarios de perros que son cazadores y ganaderos, ya que les exime de cumplir obligaciones y prohibiciones que la Ley establece para el resto de propietarios de perros.

   Del mismo modo, alega incumplimiento de los principios de jerarquía normativa y de seguridad jurídica garantizados por la Constitución y afirma que la nueva ley de derechos de los animales "no se ajusta" al Convenio Europeo de protección de animales de compañía, ratificado por España en 2017, y que no distingue a los perros en función de a qué actividad se destinan.

   Finalmente, denuncia las "varias y graves" contradicciones jurídicas en el articulado de la norma que no debería diferenciar los perros en función del fin al que se destinen o el lugar donde habiten y considera que la norma cuenta con varias "chapuzas jurídicas".