PSOE y Podemos piden cerrar las centrales nucleares a los 40 años y PP no ve alternativas sin alterar el suministro

   Ciudadanos aboga por la despolitización del CSN y usar la ausencia de mayorías en el Congreso para llegar a un Pacto de Estado en esta materia

   MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

   PSOE y Podemos han defendido este viernes el cierre progresivo de las centrales nucleares cuando éstas cumplan su máximo de vida útil, es decir, a los 40 años de vida, mientras que el PP asegura que, actualmente, no existe ninguna alternativa a la energía nuclear en España que permita que ésta desaparezca "sin alterar la seguridad del suministro, la fiabilidad del mismo y con precios razonables".

   Así lo han expresado durante su participación en un debate sobre 'El futuro de la energía nuclear en España', organizado por el presidente de la Comisión de Energía, Industria y Agenda Digital, Ricardo Sixto, en el Congreso, con el objetivo de conocer el posicionamiento de los principales partidos en esta materia.

   El posicionamiento del portavoz de Energía del PP, Alberto Herrero, se ha centrado en el "lastre económico" que el cierre de las nucleares puede suponer para el país y ha señalado que esta situación llevaría a España a "un escenario negativo de incertidumbre y de improvisación" cuando, a su juicio, lo que se necesita es "seguridad y confianza" en el sistema eléctrico para el fortalecimiento de la industria.

   El 'popular' ha destacado las actuales fuentes de energía que se utilizan para cumplir con el suministro --hidráulica, eólica, carbón, ciclos combinados y nuclear--, un despliegue de opciones que, para Herrero, son "todas imprescindibles" para "caminar hacia la transición energética", a pesar de que algunas tengan "inconvenientes".

UN DEBATE ESTANCADO DURANTE AÑOS

   Tanto PSOE como Unidos Podemos se han mostrado contrarios a esta postura ya que, aunque reconocen que no se puede prescindir actualmente de la energía nuclear, no creen que sea "imprescindible" en un futuro próximo. En ambos casos abogan porque las centrales se cierren cuando los permisos de vida útil que están en vigor actualmente se terminen, es decir, que se vayan cerrando según vayan caducando sus licencias de actividad.

   El portavoz de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde, defiende el cierre de las plantas "a través de planes de ambiciosos de eficiencia energética" que, además, según ha señalado "pueden generar decenas de miles de empleos". En contraposición a la postura del PP, para López de Uralde "no todo puede convivir" y aunque reconoce que su propuesta de un plan energético basado al 100 por cien en renovables "no es fácil", sí que cree que se debería "empezar ya a trabajar para lograr llegar hasta ahí cuanto antes".

   También el diputado del PSOE Álvaro Abril ha criticado el estancamiento en el que, a su juicio, se encuentra desde hace años el debate sobre la transición energética. "Son posiciones complicadas, pero hay que tomar una decisión en el Congreso teniendo en cuenta a la parte social, ecologistas y sindicatos, y decidir cuál es el modelo energético que se quiere", ha apuntado el portavoz socialista.

CS PIDE APROVECHAR EL NUEVO ARCO PARLAMENTARIO

   Finalmente, el portavoz en la Comisión de Energía de Ciudadanos, Vicente Ten, ha reclamado que estas medidas que se están reclamando para avanzar en la transición energética del país se lleven a cabo ahora, "cuando el arco parlamentario es propio" a que se puedan llevar a cabo acuerdos, ante la falta de mayorías absolutas que, en su momento, "limitaron las decisiones".

    "Es bueno que la llegada de nuevos partidos al arco parlamentario dé estabilidad a la democracia interna", ha indicado Ten, para llamar después a lograr un Pacto de Estado en esta materia.

   Finalmente, y aunque el diputado de Ciudadanos no se ha pronunciado acerca de un calendario de cierre de las nucleares, sí que ha señalado que su postura en esta materia es confiar en los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Para ello, ha reclamado una despolitización de este organismo público cuya imagen, a su juicio, no transmite confianza a la población.