MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) reclama al Gobierno que agilice la autorización para legalizar pozos de sequía y pequeñas balsas en los periodos de falta de agua para regar, algo que asegura que contribuiría también al suministro de agua para los animales.
Tras la aprobación por parte del Gobierno de un Real Decreto Ley con medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en el sector agrario, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado, la comunidad de regantes solicita al gobierno la posibilidad de poder contratar dos potencias eléctricas, aplicar un IVA reducido del 10 por ciento para el suministro de energía al campo y abaratar hasta 0,30 euros el agua de las desaladoras.
Para los regantes, las ayudas aprobadas por un valor de 450 millones de euros son necesarias pero insuficientes y pide completarlas con la rebaja hasta 0,30 euros el precio por uso de agua desalada frente a los 0,45 euros por metro cúbico en toma de riego que marca el Real Decreto-Ley.
No obstante, celebra la reducción de entre el 50 por ciento y el 100 por ciento de las cuotas de canon de regulación y las tarifas de utilización del agua en las unidades territoriales de escasez (UTES) de las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana.
Además, consideran que para abaratar la factura es importante poder contratar dos potencias eléctricas al año, algo que ya recoge la Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, pero que los regantes aún no disfrutan "por culpa de la inacción del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)".
De ese modo, insiste en la conveniencia de aplicar un IVA reducido del 10 por ciento para el suministro de energía al regadío, tal y como soportan los suministros domésticos, por lo que propone ampliar las medidas fiscales recogidas en el Real Decreto-ley como la reducción en 2021 del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva en el IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas y del IVA o la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.
Por otro lado, FENACORE califica de "excesivos" los caudales ecológicos, ya que asegura que no están "rigurosamente" calculados en los planes hidrológicos de las cuencas hidrográficas, así como la potencial sequía artificialmente provocada por la casi ausencia de nuevas obras de regulación.
En este contexto, recuerda que estas reclamaciones serán parte de las reivindicaciones del mundo rural que se celebrará este domingo en Madrid.
En concreto, plantean a la Dirección General del Agua que la reducción de los caudales ecológicos frente a periodos de sequía podría más que duplicar la dotación de agua disponible en muchas zonas regables, lo que resultaría fundamental para la supervivencia de algunas cosechas.
En definitiva, quieren que la sostenibilidad ambiental esté acompañada de sostenibilidad económica y social, por lo que opina que cada Plan Hidrológico analice de manera completa y rigurosa los efectos de los caudales ecológicos sobre la disminución de las producciones de los cultivos y las consecuencias sobre todo el complejo agroalimentario asociado.
En ese sentido, los regantes insisten en actuar "con prudencia y riguroso conocimiento" ante las consecuencias en establecer estos caudales ecológicos, sobre todo en periodos de sequía.
Así, ve necesario acometer un estudio previo de los beneficios para la biodiversidad la aplicación de los caudales ecológicos y un examen jurídico de lo que supondría para las concesiones vigentes y que su implantación se realice después de análisis hidrológicos y económicos previos, ya que tiene costes sociales y económicos que considera que la sociedad debe conocer con transparencia.
Por otro lado, los regantes denuncian la escasez de inversión en obras de regulación y advierten de que esto agravará la amenaza que suponen las sequías para España, así como los graves perjuicios de las inundaciones.
Fenacore respalda la obligación de respetar el medio ambiente y de someter cualquier obra hidráulica a los análisis de ambientales, hidrológicos, sociales y económicos pero está "en contra de la posición radical de algunos grupos ecologistas" y defiende que las cuencas hidrográficas se regulen para mitigar los principales efectos negativos del cambio climático como son las inundaciones derivadas de las lluvias torrenciales, intercaladas con periodos más prolongados de sequías.