¿Cómo será el desmantelamiento de Garoña?

   MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha estimado el tiempo del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en una horquilla de 13 a 16 años, lo que situaría el final de este proceso una vez pasado el año 2030.

   En la comparecencia celebrada esta mañana para informar de la decisión del Gobierno de denegar la solicitud de Nuclenor, el titular de Garoña, de operar la planta hasta 2031, cuando hubiera llegado a los 60 años de vida útil, Nadal ha apuntado a que este proceso podría durar de 13 a 16 años.

   En primer lugar, la central debe ser declarada en situación de cese definitivo de explotación, aunque su licencia de operación ya expiró el 6 de julio de 2013.

   El Ministerio ha informado que, a continuación, el departamento que dirige Nadal deberá emitir la autorización de desmantelamiento, pero para ello el Consejo de Seguridad (CSN) emitirá un informe previo y, posteriormente, se emitirá la declaración de clausura.

   Respecto a la autorización de desmantelamiento, esta deberá ser solicitada por la Empresa estatal de Residuos (ENRESA), que será la empresa encargada de realizar estas actividades, que ya está próxima a terminar en la central de José Cabrera (Guadalajara), más conocida como Zorita y que dejó de operar en 2006.

   En esta solicitud, ENRESA, además habrá de pedir la transferencia de titularidad de la central y antes de la concesión de esta autorización y del traspaso de titularidad, se abrirá un periodo previo de desmantelamiento.

   En esa fase, el titular, Nuclenor, deberá realizar un conjunto de tareas y la primera es descargar el combustible que está almacenado en la piscina de Garoña. En el caso de esta planta, el titular extrajo el combustible del reactor en diciembre de 2012, meses antes de que su licencia terminase en julio de 2013, a consecuencia de un nuevo impuesto al combustible nuclear.

   Si bien, para descargar este combustible Nuclenor tendrá que construir un almacén temporal individualizado (ATI) en el que se pueda albergar todo el combustible gastado por la central a lo largo de sus casi 43 años de operación, ante la falta de un almacén temporal centralizado que ya debía haber entrado en funcionamiento en este 2017 de acuerdo con el mandato parlamentario.

   Del mismo modo, antes de que Enresa asuma la titularidad de Garoña y se haga cargo del desmontaje y desmantelamiento de la central, Nuclenor deberá haber acondicionado los residuos generados durante la explotación (los residuos radiactivos de baja y media actividad que se gestionan por ENRESA en El Cabril).

   En la actualidad, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) no fija un plazo determinado para acometer el predesmantelamiento, pero ENRESA calcula que el desmantelamiento podría comenzar unos seis años después de la parada definitiva del reactor y que podría durar aproximadamente diez años.

   Una vez terminen las actividades desmanteladas, se acometerá el plan de restauración del emplazamiento que tendrá que ser verificado junto con el resto de las condiciones técnicas que se establezcan. Después de ese proceso el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital deberá emitir la declaración de clausura.

   Será entonces cuando ENRESA devuelva el emplazamiento a su titular, en este caso Nuclenor, pero el Ministerio puede establecer restricciones de uso sobre los terrenos en los que se asentaba la instalación.

   En concreto, el artículo 28 del Reglamento de Instalaciones Nucleares, precisa que el Ministerio declarará el cese de la actividad y establecerá unas condiciones que se deberán ajustar a las actividades a realizar en la instalación a partir de ese momento y el plazo en el que se deberá solicitar la autorización de desmantelamiento o bien de desmantelamiento y cierre.

   En todo caso, se entiende por desmantelamiento todas aquellas actividades realizadas una vez obtenida la correspondiente autorización que permiten solicitar la declaración de clausura y que supondrá la desclasificación de la instalación y la liberación, total o restringida, del emplazamiento.