Afea la demora en los datos de incendios, falta de recursos y que no se tiene en cuenta la desertificación en evaluaciones de impacto ambiental
MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
La política de lucha y defensa contra la desertificación y contra los incendios forestales ha logrado avances, pero tiene amplio "margen de mejora", según concluye el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización, que advierte de el fenómeno de desertificación "no reconoce fronteras territoriales" y supone una "amenaza significativa" para los ecosistemas de la Península Ibérica y "grave" para el medio natural.
El informe de fiscalización se realiza desde 2018 a raíz de un acuerdo entre los Tribunales de Cuentas de España y de Portugal, que así lo pactaron en relación con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Así, concluye que de las 23 recomendaciones emitidas por el mismo órgano en 2020, un 44 por ciento fueron cumplidas total o parcialmente, el 48 por ciento continúan implantándose y que el 8 por ciento no se han cumplido, por lo que aunque el Tribunal observa que la respuesta de los órganos destinatarios es "positiva" es "susceptible de un impulso mayor".
Entre ese margen de mejora detectado, el Tribunal de Cuentas observa que las actuaciones de defensa frente a la desertificación han sido actualizadas y celebra que se ha elaborado la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, pero avisa de que esta aún "sigue pendiente completar su desarrollo".
En concreto, afea que "sigue sin desarrollarse" la estructura orgánica comprometida en el anterior Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (al que sustituye la Estrategia) y "sin asignarse" los recursos económicos de manera específica y singularizada a la lucha contra la desertificación.
Asimismo, la citada Estrategia tampoco tiene en consideración el riesgo de desertificación en la evaluación de impacto ambiental y en la normativa sobre ordenación del suelo.
A su vez, el análisis destaca que, aunque todos los modelos coinciden en que amplias zonas de España están sometidas a procesos de degradación de la tierra, persisten "dificultades metodológicas" en la monitorización de la desertificación.
Por otra parte, el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas avisa de que la insuficiencia de recursos hídricos y la sobreexplotación de estos, particularmente de las masas subterráneas, sigue constituyendo un "reto extraordinario" para España en un contexto de sequías recurrentes.
FALTA COOPERACIÓN
Por otro lado, el informe subraya que de momento no se han desarrollado proyectos concretos transfronterizos hispano portugueses de cooperación en materia de lucha contra la desertificación, pese a la firma de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo, en 2020.
Mientras, en materia de prevención y extinción de incendios, reconoce que se han actualizado los instrumentos de planificación de la política forestal y los recursos asignados a los medios de prevención y extinción de incendios forestales, pero "sigue pendiente completar su ejecución", particularmente la renovación de los medios aéreos de extinción de incendios estatales de mayor capacidad, que precisará "varios años para culminarse".
Del mismo modo, recuerda a la Administración observa que aún se ha de avanzar en la mejora de obtención de la información completa sin desfases temporales significativos y que existen deficiencias de los datos sobre las intervenciones de medios españoles de extinción de incendios en Portugal. Igualmente, señala que se puede mejorar en la obtención de datos completa "sin desfases temporales significativos".
Entre otras conclusiones, el informe de fiscalización avisa de que pese a los avances en algunas medidas de defensa contra la desertificación, las reformas relacionadas con la política agraria común o el PERTE del ciclo del agua, "sigue pendiente" el desarrollo de la Estrategia, que carece de valor vinculante así como el refuerzo de medidas, en particular las medidas destinada al seguimiento de la desertificación.
En definitiva, afirma que de acuerdo con los informes del Tribunal de Cuentas Europeo sigue sin existir una metodología común en la Unión Europea para evaluar la desertificación y la degradación de
las tierras.
En concreto, advierte de que "todos los modelos coinciden" en que amplias zonas de España están sometidas a procesos de degradación de la tierra, pero sigue pendiente el desarrollo de modelos plenamente
consistentes que permitan un seguimiento del fenómeno de la desertificación.
Igualmente, insiste en que la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación sigue pendiente de desarrollar. En concreto, concluye que siguen sin desarrollarse la estructura orgánica ni se han asignado los recursos económicos de manera específica y singularizada a la lucha contra la desertificación y que en las evaluaciones de impacto ambiental sigue sin tenerse en consideración el riesgo de desertificación.
Precisamente, en el ámbito de la desertificación, el informe fiscalizador apunta que de momento no se han desarrollado proyectos transfronterizos hispano portugueses de cooperación concretos para luchar contra la desertificación, pese a la firma de la Estrategia Común en 2020.
Por último, en actuaciones de prevención, celebra que a partir de 2020 se han incrementado los recursos para inversión forestal, en un 46 por ciento a nivel nacional, sobre todo en subvenciones, y a nivel autonómico, ha crecido un 29 por ciento.
Sin embargo, concluye que "sigue existiendo margen de mejora en el refuerzo de los recursos destinados a la prevención de incendios forestales".
Por último, afea al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que sus estadísticas forestales "siguen sufriendo retrasos" por la demora a la hora de recibir el conjunto de la información y
preparar los datos consolidados definitivos, por lo avisa de que la coordinación en esa materia con las comunidades autónomas "sigue teniendo un amplio margen de mejora".